International Declaration on Tenth Anniversary of Black October

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Ten Years of Protecting International Fugitives: It Is Time for President Obama to Extradite Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín to Bolivia

The massacres that devastated the families of Bolivia’s highlands ten years ago this month must not be forgotten.

In October 2003 the families living in El Alto and other villages above the Bolivian capital suffered weeks of extreme violence by the armed forces of the government of then-President Gonzalo Sánchez de Lozada and his Defense Minister José Carlos Sánchez Berzaín. Fifty eight Bolivians were killed and another 400 injured when the government sent in troops to repress protests against its despised gas export plans. Those killed included an eight-year old girl, Marlene Rojas, shot by a soldier’s bullet while in her home.  In Bolivia in the decade since, the month has been renamed Black October, to commemorate those killed and to demand justice.

Today, a decade later, both men accused of ultimate responsibility for the deaths live in the U.S.: Sanchez de Lozada in suburban Maryland and Sánchez Berzaín in Miami. Both are protected from facing trial in Bolivia, protected by the U.S. government.  While the families continue to grieve; those accused walk free and unpunished.

Lozada and Berzain took office in 2002 with only 22% of the vote, but were determined to enact unpopular economic reforms including plans to export gas via Chile. Knowing they would prompt protests, they issued a decree calling on the Army to use ‘all means necessary’ to repress protests. The government treated their own population as foreign invaders, deploying military sharpshooters armed with high-powered rifles who shot into houses and chased and shot unarmed villagers as they fled through fields and into the mountains. Many of the individuals killed and injured as a result of the plan were not involved in protests, or even near protests when they were shot. The violence only stopped when Lozada and Berzain fled the country as protests spread across the country and politicians including Lozada’s Vice President Carlos Mesa denounced the violence.

The struggle for justice by the families has been a long and arduous one, including in Bolivia. In October 2004, the Bolivian Congress authorised a trial for government and army officials involved in the massacre. The trial began in 2009 and seven defendants were sentenced to between three and fifteen years in prison. Yet Lozada and Berzain have refused to appear in court. An official request for extradition by the Bolivian government in 2007 has been refused by the US State Department despite the fact that the two countries have a functioning extradition treaty.

The refusal by the US government to respect the Bolivian legal process and the rights of the families to justice means that the US government is complicit with impunity and injustice. Their arguments that this case is too political to guarantee a fair trial are baseless, given the extreme rigour in which the case has been processed in Bolivia and the support for the case by politicians of all parties including those of Lozada and Berzain. It also looks deeply hypocritical, when the US insists that other governments extradite individuals that have allegedly threatened US security interests such as Edward Snowden.

Lozada and Berzain have strong connections with US political, business and academic circles that have no doubt played a role in preventing their extradition. Lozada is a University of Chicago alumni, who has various investments in the U.S., and even hired US consultants to help him win the election in 2002. However these strong political connections should not be a cause for ongoing impunity. This October, all US officials of influence should instead listen to those whose voices are too often ignored, such as the parents of Marlene Rojas or of Teófilo Cerro who now has to support 7 children after his pregnant wife was gunned down.

This impunity and injustice can not be allowed to continue. We call on all those with influence – the media, members of Congress, human rights organizations, universities and students – to stand with the families this October in solidarity and demand the extradition of Lozada and Berzain.

Organizations can sign onto this statement by sending a message to   nomoreimpunity@gmail.com; if you are an individual you can sign our petition on  change.org. Signatories as of 15 October 2013 are listed at the bottom.

 

EN ESPAÑOL

Diez años protegiendo a fugitivos internacionales: es hora de que el presidente Obama extradite a Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín a Bolivia

Las matanzas que devastaron hace diez años a las familias del altiplano boliviano no deben caer en el olvido.

En octubre de 2003, las familias que viven en El Alto y otros municipios cercanos a La Paz, la capital boliviana, sufrieron semanas de violencia extrema a manos de las fuerzas armadas del Gobierno del entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain. Aquel octubre, 58 bolivianos y bolivianas fueron asesinados y otros 400, heridos, cuando el Gobierno envió tropas para reprimir las protestas contra sus vilipendiados planes de exportación de gas. Entre las personas asesinadas se encontraba una niña de ocho años, Marlene Rojas, a la que alcanzó en su casa una bala disparada por un francotirador. Diez años después, en Bolivia se conoce ese mes como ‘Octubre Negro’, para conmemorar a las personas asesinadas y exigir justicia.

Hoy, diez años después, los dos hombres que son acusados de aquellas muertes viven en los Estados Unidos: Sánchez de Lozada en un suburbio de Maryland y Sánchez Berzain en Miami. Ambos están a salvo de enfrentarse a los tribunales en Bolivia, protegidos por el Gobierno estadounidense. Mientras las familias siguen llorando la muerte de sus seres queridos, los responsables de la matanza siguen paseándose con total libertad e impunidad.

Lozada y Berzain llegaron al Gobierno en 2002, con solo el 22 por ciento de los votos, pero estaban decididos a poner en marcha unas reformas económicas muy impopulares, que incluían planes de exportar gas a través de Chile. Sabiendo que el plan provocaría protestas, emitieron un decreto en que llamaban al ejército a utilizar “todos los medios necesarios” para reprimir las protestas. El Gobierno trató a su propia población como si fueran invasores extranjeros, desplegando a francotiradores militares armados con rifles de gran calibre, que se dedicaron a disparar dentro de viviendas y a perseguir y disparar a vecinos desarmados que trataban de huir a través de los campos para refugiarse en las montañas. Muchas de las personas asesinadas y heridas a consecuencia del plan no estaban participando en las protestas, o ni siquiera se encontraban cerca de ellas, en el momento en que se les disparó. La violencia solo se detuvo cuando Lozada y Berzain abandonaron el país, mientras las revueltas se extendían por todo el país y otros políticos, como el vicepresidente del propio Lozada, Carlos Mesa, denunciaban la violencia.

La lucha por la justicia que han librado las familias ha sido larga y ardua, incluso en Bolivia. En octubre de 2004, el Congreso boliviano autorizó que se juzgaran las responsabilidades entre los cargos del Gobierno y los oficiales del ejército implicados en la matanza. El juicio empezó en 2009 y siete de los acusados fueron condenados a entre 3 y 15 años de cárcel. Sin embargo, Lozada y Berzain se han negado a comparecer ante la justicia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denegado una solicitud oficial de extradición presentada por el Gobierno boliviano en 2007, a pesar de que ambos países cuentan con un tratado de extradición en vigor.

La negativa del Gobierno estadounidense a respetar el proceso jurídico boliviano y los derechos de las familias a la justicia significa que el Gobierno estadounidense es cómplice de la impunidad y la injusticia. Los argumentos que esgrimen de que este caso está demasiado politizado como para garantizar un juicio justo son infundados, teniendo en cuenta el extremo rigor con que se ha tramitado el caso en Bolivia y el apoyo otorgado a la causa por políticos de todos los partidos, incluidos los de Lozada y Berzain. La negativa del Gobierno estadounidense también resulta profundamente hipócrita, especialmente cuando los Estados Unidos insisten en que otros Gobiernos extraditen a personas que han amenazado a los intereses de seguridad de su país, como Edward Snowden, ahora asilado en Rusia.

Lozada y Berzain tienen fuertes vínculos con círculos políticos, empresariales y académicos en los Estados Unidos que, sin duda, han desempeñado un papel a la hora de impedir su extradición. Lozada es un antiguo alumno de la Universidad de Chicago, cuenta con varias inversiones en los Estados Unidos e incluso contrató a asesores estadounidenses para que le ayudaran a ganar las elecciones en Bolivia en 2002. Sin embargo, estos importantes lazos políticos no deberían seguir garantizándoles la impunidad. Este octubre, todos los cargos de influencia en la administración estadounidense deberían escuchar más bien aquellas voces que suelen ignorarse, como las de los padres de Marlene Rojas o la de Teófilo Cerro, que tiene a su cargo a siete hijos, después de que su mujer, embarazada, fuera abatida a tiros.

No se puede permitir que la impunidad y la injusticia se sigan imponiendo. Por ese motivo, instamos a todas aquellas personas que tienen influencia –los medios, las asambleas y grupos de los Partidos en el Congreso, las organizaciones de derechos humanos, las universidades y los y las estudiantes– a solidarizarse este mes de octubre con las familias de la matanza en Bolivia y exigir la extradición de Lozada y Berzain.

Las organizaciones pueden firmar esta declaración enviando un mensaje a nomoreimpunity@gmail.com; las personas a título individual pueden firmar nuestra petición en change.org. Las firmas se irán añadiendo al final de la lista a medida que vayan llegando.

Signatures/Firmas

Organisations

Action from Ireland (Afri)
Action Populaire Contre la Mondialisation, Switzerland
Andean Information Network/Red Andina de Información, Bolivia
Asociación Presencia Latinoamericana de Suiza
Bay Area Latin America Solidarity Coalition (BALASC) CACIM, India
Chicago Religious Leadership Network on Latin America Committee for the Abolition of Third World Debt (CADTM) Comité du Forum Social Lémanique, Switzerland
Comité pour le respect des droits humains “Daniel Gillard”, Belgium
Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB, Bolivia
CIP Americas Program
Democracy Center, Bolivia
Denver Justice & Peace Committee, USA
Environmental Network for Central America (La Red Ambiental para América Central) Ecologistas en Acción, Spain
Focus on the Global South (Thailand, Philippines, India) Global Exchange, United States
Joining Hands – San Francisco Presbytery
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Marin Interfaith Task force on the Americas, United States Maryknoll Office for Global Concerns, United States Movimento Red Tinku ( Bolivia)
National Lawyers Guild International Committee, United States
Nicaragua Center for Community Action (NICCA)
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Cataluña, Estado español
On-Q Initiative – Youth4Truth, United States
PAPDA, Haiti
Pax Christi USA
Peace and Justice Service on Latin America
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio RETS: Respuestas a las Transnacionales de Barcelona School of the Americas Watch
School of the Americas Watch – San Francisco, CA, United States School of the Americas Watch – Oakland, CA, United States Transnational Institute, Netherlands
UpsideDownWorld
Washington Office on Latin America (WOLA)

 

Individuals

Roy Bourgeois and  Lisa Sullivan, School of Americas Watch
Noam Chomsky, Academic and writer
Q’orianka Kilcher, Actress Activist
Pablo Solón, Former Bolivan Ambassador to the UN, Director of Focus on Global South
Eric Toussaint, senior lecturer University of Liege and president of CADTM Belgium