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Carta abierta a los Gobiernos de la región presentes en la Asamblea General de la OEA

Carta abierta a los Gobiernos de la región presentes en la

Asamblea General de la OEA

Antigua, Guatemala – Junio 2013 

Es urgente poner la protección de los derechos humanos en el centro del debate sobre las políticas de drogas en las Américas

Las organizaciones firmantes saludamos la apertura al debate sobre las políticas de drogas que han impulsado algunos Estados de América Latina en los últimos meses. La Asamblea General que se celebrará en la Antigua será una oportunidad para discutir los límites y perjuicios de las políticas existentes y la posible adopción de alternativas.

En los últimos años se ha hecho aún más evidente la necesidad de discutir el alcance y pertinencia de las políticas de drogas adoptadas en cada uno de los países de las Américas, pues ha surgido evidencia empírica sólida, amplia y diversa de que dichas políticas son ineficaces y tienen graves efectos negativos, en especial si se les analiza desde un enfoque de derechos humanos. Las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas han recrudecido los conflictos violentos en la región, al crear un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones delictivas. Estos conflictos se localizan generalmente en zonas empobrecidas, profundizando aún más el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes.

En nuestra condición de organizaciones dedicadas a promover el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos queremos enfatizar que la revisión de las políticas de drogas resulta necesaria en la región tanto por razones empíricas como normativas.

A partir de un enfoque empírico, las investigaciones basadas en evidencias, muestran cada vez más claramente que las políticas de drogas están teniendo impactos negativos en los derechos humanos en la región. Por una parte, las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas, muchas veces sin el cumplimiento de garantías penales básicas, y de quienes son enviados a la cárcel, pues suelen enfrentar condiciones infrahumanas, como las asociadas con el hacinamiento. Estas políticas tienden a tener impactos desproporcionados en ciertos grupos, especialmente vulnerables, y por esa vía, reproducen la discriminación y terminan vulnerando derechos fundamentales.

Por otra parte, las políticas prohibicionistas han colaborado en la formación de organizaciones armadas dedicadas a actividades criminales entre las que se destaca el tráfico de drogas, y que producen fenómenos de violencia importantes y por esta vía afectan los derechos de las personas en las Américas. Dado que la violencia es la forma primordial de regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está necesariamente acompañado por el tráfico de armas, de las peleas por los territorios, la corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y las instituciones de gobierno. La revisión del paradigma de la ‘guerra contra las drogas’ debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia.

Desde el punto de vista normativo también es claro hoy que las obligaciones internacionales de derechos humanos deben prevalecer sobre aquellas que han adquirido en materia de sustancias sicoactivas prohibidas o fiscalizadas. Esto se debe a que los compromisos internacionales en derechos humanos tienen mayor jerarquía normativa, pues el deber de los Estados de respetar los derechos humanos es un mandato que tiene su base en la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado que predomina sobre cualquier otra convención; y además, el principio del deber de los Estados de respetar los derechos humanos ha sido considerado por muchos doctrinantes como una norma de Ius Cogens o norma imperativa de derecho internacional, que no admite una convención en contrario.  Por consiguiente, el derecho internacional de las drogas debe ser entendido e interpretado, y si es necesario adaptado, en una forma que sea compatible con las obligaciones internacionales en derechos humanos. El principio rector de las políticas debería siempre estar centrado en el ciudadano, y la protección integral de sus derechos.

Este modelo prohibicionista ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales. Las prácticas efectivas y específicas de los Estados muestran que el régimen internacional en torno a las drogas no ha cambiado en el siglo que ha trascurrido desde su configuración inicial. En gran medida, este régimen tan rígido atraviesa una coyuntura crítica pues tanto su credibilidad como su legitimidad están seriamente erosionadas.

Por lo anterior, hacemos un llamado a los Gobiernos de las Américas a que refuercen sus compromisos en materia de derechos humanos frente a las políticas de drogas, y en esa medida, discutan y replanteen las iniciativas existentes, con el fin de ubicar los derechos humanos en el centro del debate.

Firman:

  1. A.C. y Cultura Joven A.C., México
  2. Acción Técnica Social (ATS), Colombia
  3. American Civil Liberties Union (ACLU), Estados Unidos
  4. Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Brasil
  5. Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME), Brasil
  6. Asociación Civil por el Derecho a la Salud, Argentina
  7. Associação pela Reforma Prisional (ARP), Brasil
  8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
  9. Canadian Civil Liberties Association (CCLA) – Canadá
  10. Canadian Drug Policy Coalition, Canadá
  11. Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Guatemala
  12. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), Brasil
  13. Centro Cáritas de formación para la atención de las farmacodependencias y situaciones críticas asociadas, Mexico
  14. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México.
  15. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México
  16. Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES), Brasil
  17. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
  18. Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, Brasil
  19. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH),  Perú.
  20. Colectivo por una Política Integral de Drogas (CUPIHD), México
  21. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
  22. Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADEH), Honduras
  23. Conectas Direitos Humanos, Brasil
  24. Consorcio Internacional sobre Políticas de drogas (IDPC)
  25. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Paraguay
  26. Coordinación Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), Paraguay
  27. Corporación Humanas, Colombia
  28. Corporación Humanas, Chile
  29. Dejusticia – Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Colombia
  30. Drug Policy Alliance (DPA), Estados Unidos
  31. Due Process of Law Foundation (DPLF)
  32. Espolea Asociación Civil, México
  33. Fundación Myrna Mack, Guatemala
  34. Fundar, México
  35. Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), Brasil
  36. Harm Reduction Coalition (HRC), Estados Unidos
  37. Intercambios Asociación Civil, Argentina
  38. Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Brasil
  39. Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
  40. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Uruguay
  41. Justiça Global, Brasil
  42. México Unido contra la Delincuencia (MUCD), México
  43. Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Honduras
  44. Movimento Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA), Brasil
  45. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina
  46. Observatorio de Derechos Humanos de Rio Negro, Argentina
  47. Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA),  Estados Unidos
  48. Plataforma Dhesca Brasil
  49. Psicotropicus, Brasil
  50. Puente, Investigación y Enlace (PIE), Bolivia
  51. Red Andina de Información, Bolivia
  52. Red Chilena de Reducción de Daños, Chile.
  53. Tierraviva, Paraguay
  54. Transnational Institute (TNI)

Las víctimas de la dictadura boliviana protestan por impunidad y falta de compensación

“Las heridas causadas por las dictaduras permanecen…”
Fotografía : Gonzalo Ordoñez para RAI

Bolivia ha tenido más golpes militares que ninguna otra nación en el mundo.   Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981) han sido los dictadores bolivianos más notables del siglo veinte.  Sin embargo, más de 30 años después de haberse restaurado el gobierno civil, las víctimas de la violencia política todavía esperan justicia. A diferencia de los  vecinos Chile y Argentina, donde se iniciaron acciones legales contra los involucrados, la impunidad continúa en Bolivia. Los militares han rechazado el acceso  a documentos de los años de dictadura, mientras que administraciones sucesivas han hecho mínimos esfuerzos para presionar a los militares y han estado arrastrando los pies en el proceso de reparación.

Julio Sevilla en una marcha con la Central Obrera Boliviana (COB); “30 años de martirio”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Un grupo de sobrevivientes de la dictadura acampa frente al edificio del Ministerio de Justicia desde el 13 de marzo de 2012. El grupo, la “Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras”, demanda la   indemnización prometida a los supervivientes de las dictaduras en virtud de una ley aprobada en 2004, el acceso a los documentos militares de los años de dictadura y el fin de la impunidad por violaciones a los derechos humanos.

 La sede de la Plataforma, ubicada en El Prado de la ciudad de La Paz
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Dentro de la sede
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

“Nosotros no nos vamos a rendir. Piensa: ‘qué bueno estos viejitos se van a morir y hemos tenido 2 bajas, no importa.’ Hay compañeros que dicen: ‘vamos a morir acá, es nuestra última batalla y la vamos a ganar,’ de eso pueden estar seguros.” – Doctor Jorge Pelaez Rivero, miembro de la Plataforma

“184 días de vigilia”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Las víctimas de la dictadura de Banzer han esperado más de 40 años por el reconocimiento de la violencia de la que fueron víctimas. La mayor parte de los miembros de la Plataforma han estado políticamente activos por décadas, pero empezaron la vigilia como resultado de la última ronda de prolongadas trabas legales para la compensación económica obligada por la ley boliviana.

La Plataforma marchando con la COB; “Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevientes de las Dictaduras”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

El presidente de la Plataforma, Julio Llanos Rojas, explica su frustración:

“Esos hechos de lesa humanidad que son de conocimiento mundial han hecho que las Naciones Unidas, a través de organismos de derechos humanos, sancionen al estado para evitar que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos.  En la Argentina, en Chile ya han cumplido con esta obligación;   pero, sin embargo, en Bolivia no,¿ porque?, porque no hay voluntad política para hacer eso. Se quiere encubrir, se está encubriendo a  los dictadores, no se quiere sancionar  a los torturadores, a los agentes de presión  y por eso, nosotros el 13 de marzo de este año, cansados de tanta burla,  hemos iniciado una vigilia…No se cumple, nuevamente nos está re-victimizando, están  violando nuestros derechos y por eso  continuaremos en esta vigilia.”

Luis Hernán Cornejo, Secretario; “Después de las dictaduras sigue la tortura”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Legislación

  • En 2004, la legislación boliviana aprobó la Ley 2640 que hizo lo siguiente:
    • Concedió compensación económica, además de cuidados médicos y psicológicos, medicinas y equipos médicos gratuitos para las víctimas de las dictaduras;
    • Estableció que las víctimas de tortura, desaparición forzosa, muerte, exilio, persecución política, detención y encarcelamiento arbitrarios, y heridas calificaban para recibir los beneficios; además,
    • Estableció un presupuesto para las indemnizaciones:
      • 20% de los  $3.6 millones de dólares  del Tesoro Nacional — $1.2 millones por año de 2005 a 2007
      • 80% de donaciones del sector privado, organizaciones internacionales y entidades extranjeras.

Sin embargo, la Ley 2640 no fue sostenida. La compensación económica debería haberse completado para el 2007. En 2005, el gobierno publicó una lista de nombres, pero no les fue desembolsado ningún fondo. En 2006, el gobierno aprobó la Ley 3449, que desbandaba la comisión de reparación y establecía una nueva que supuestamente debía continuar el trabajo de la primera, pero la nueva comisión volvió a comenzar el proceso.

  • En 2007 el gobierno aprobó un decreto supremo, justo antes finalizar el plazo legal para la compensación, el cual:
    • Extendía el periodo para que el gobierno pagara la compensación económica;
    • Cambiaba los estándares de evidencia, haciendo extremadamente difícil comprobar actos de violencia. Por ejemplo, el decreto requería que las víctimas de violación y tortura presentasen certificados médicos que documentaran los abusos….algo físicamente imposible.

Lo absurdo de este requisito no pasa desapercibido para los miembros de la Plataforma; el Dr Pelaez señaló:

“Mientras a uno le están torturando no podía el torturado llamar o decir a los agentes que le traigan a un testigo para que vean lo que me están haciendo.” El gobierno pidió a las mujeres certificados médicos por violaciones que ocurrieron hace más de 41 años atrás, las que “son pruebas imposibles de presentar” , de acuerdo al Dr. Pelaez;han pedido visa de salida y visas de entrada, ¿no es cierto? a compañeros que han tenido que salir clandestinamente del país y retornar clandestinamente al país…este gobierno ha querido, quiere, su intención es borrar lo que pasó antes del 2003 y para él la historia recién ha comenzado el 2003.”

Victoria Lopez, Secretaria General; “184 días de vigilia”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Para 2012, cerca de 8000 sobrevivientes habían aplicado para ser indemnizados.

  • El 30 de abril de 2012, el gobierno aprobó una nueva ley, la Ley 238, y aprobó después un decreto supremo el 1 de mayo de 2012 para regular la Ley 238. Esta legislación:
    • Aprobó sólo 1714 de los 8000 sobrevivientes que aplicaron;
    • Declaró que el gobierno proveería  $3.6 millones de dólares americanos, 20% de los  $18 millones prometidos en la ley original; y
    • Estableció la compensación en un mínimo de  26.70 Bolivianos por día de violencia sufrida, unos miserables $3.84 dólares americanos.  La paga máxima por día de violencia es de 134.04 Bolivianos, aproximadamente $19.26 dólares americanos.

La legislación más reciente obliga al gobierno a desembolsar sólo el 20% del monto original estipulado en la previa ley, sin compromiso de buscar el resto de los $14.4 millones de dólares americanos del sector privado y entidades extranjeras como fuera prometido en la ley de 2004.  La Ley de 2004 establece un límite máximo de compensación basado en una fórmula usando cálculos de 60 a 300 salarios mínimos (dependiendo de la extensión y duración de la violencia), mientras que la máxima compensación dentro de la legislación de 2012 está basada en cálculos de 60 salarios mínimos para todas las víctimas.

La Plataforma marchando con la COB; “Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevientes de las Dictaduras”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Es ridículo, es una humillación,” expresó Llanos.  “Es miserable, por eso hay muchas personas, muchos otros compañeros que rechazaron ese pago. Han enviado cartas a la Ministra devolviendo los cheques, hay un descontento general de los calificados.”

Además, la Plataforma estima que la gran mayoría de las más de 35000 víctimas de la dictadura no recibirá ninguna compensación, el Estado sólo considerará elegibles a 1714.  Muchas víctimas no sabían de la Ley o pasaron la fecha límite para aplicar. Como violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad estas acciones “no deberían tener fecha de expiración” de acuerdo a Llanos.

Dr. Jorge Pelaez Rivero marchando con la COB
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

Sobre todo,” dijo el Dr. Pelaez, la Plataforma pide a la administración de Morales que “se nos respete la dignidad, nuestra dignidad como víctimas de violencia política en la dictaduras. Nosotros no, ninguno ha pensado: ¡uy! me van a dar plata, me meteré a pelear

Para los miembros de la Plataforma, la lucha por la justicia va mucho más lejos que el dinero. Es acerca del reconocimiento de parte del gobierno de la historia de violencia y represión brutal por la que los ex torturadores nunca enfrentaron consecuencias legales.

Titular de periódico: “El prontuario de un torturador”.  Nota escrita: “¡No a la impunidad! 13 marzo – 2012 – jueves 13 septiembre 2012: 6 meses de lucha consecutivos contra la impunidad de los asesinos y torturadores de las dictaduras militares”
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

La negativa de los militares a permitir  acceso a documentos de la dictadura y la correspondiente falta de presión del gobierno sobre el Ejército para hacerlo, ha sido una persistente barrera para terminar con la impunidad de los violadores de los derechos humanos en Bolivia.  (Por favor ver las actualizaciones de la RAI sobre  “Ejército boliviano estanca y presiona a autoridades civiles en investigación sobre derechos humanos” (Bolivian Military Stalls and Pressures Civilian Authorities in Human Rights Investigation) y “Fuerzas Armadas bolivianos bloquean investigación de muertes de la dictadura”  (Bolivian Armed Forces Block Investigation of Dictatorship Deaths) para mayor análisis. Sin la cooperación del Ejército y una voluntad política más fuerte del gobierno, el ciclo de impunidad por violaciones contra los derechos humanos continuará en Bolivia.

Pedro Cañaviri
Fotografía: Gonzalo Ordoñez para RAI

 

Petición a la ONU para que se imponga una moratoria en las fumigaciones en Colombia

La fumigación aérea de cultivos de coca ha sido una política ineficaz, en términos de reducción de producción de coca y cocaína, y dañina a la flora y fauna de Colombia y toda la región andina. Dado los efectos negativos que ha tenido, líderes y lideresas de ONGs colombianas e internacionales se han juntado para enviar una petición al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon para exigir la terminación de la fumigación aérea, reconocimiento que dicha práctica está en plena violación del derecho internacional humanitario y la regulación de la industria agroquímica. La petición se dirige a la ONU para solicitar su liderazgo y ayuda en mediar la terminación de fumigaciones en Colombia.

Haga clic aquí para firmar la petición.

ONG Colombianos e Internacionales

Los Esfuerzos Bolivianos para el Control de las Drogas: Avances Genuinos, Desafios Considerables

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LOS ESFUERZOS BOLIVIANOS PARA EL CONTROL DE LAS DROGAS: AVANCES GENUINOS, DESAFIOS CONSIDERABLES

Por Kathryn Ledebur y Coletta A. Youngers

 

Introducción

Tras una victoria abrumadora en las urnas, Evo Morales se convirtió en Presidente de Bolivia en enero de 2006.[1] Presidente de las Seis Federaciones cocaleras, Morales fue durante muchos años opositor de las políticas de drogas propugnadas por los EE.UU., y muchos observadores anticipaban un quiebre total de las relaciones entre los EE.UU. y Bolivia y, por consiguiente, el fin de la cooperación en cuanto a políticas de drogas. En lugar de ello, tanto Morales como la administración de George W. Bush inicialmente mantuvieron bajo control la retórica y desarrollaron una relación bilateral suficientemente cordial—aunque en ocasiones ésta ha estado cargada de tensiones. Luego que Bolivia expulsó al Embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008, acusado por Morales de interferencia en asuntos internos del país y por fomentar la conmoción civil; y tras la posterior expulsión de la Agencia Antidrogas de los EE.UU. (Drug Enforcement Administration, DEA), la Casa Blanca incrementó sus críticas al gobierno boliviano y, durante los últimos cinco años, ha emitido una “determinación” que declara que Bolivia ha “fracasado de manera manifiesta durante los 12 meses anteriores en cumplir [sus] obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales sobre estupefacientes”.[2] La asistencia económica de los EE.UU. dirigida a los programas bolivianos para el control de drogas se ha reducido a un nivel mínimo. Ello no obstante, en 2011 ambos países firmaron un acuerdo marco para orientar las relaciones bilaterales, y se comprometió un intercambio de embajadores. Más aún, continúa la cooperación entre la principal agencia encargada del control de drogas en Bolivia—el Vice-Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno—y la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de la Embajada de los EE.UU.

A nivel internacional, Bolivia está tratando de reconciliar su nueva constitución, la cual reconoce el derecho a consumir la hoja de coca para fines tradicionales y legales e identifica a la hoja de coca como parte de la herencia nacional del país, con sus compromisos respecto a convenciones internacionales. En junio de 2011, Bolivia denunció la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y anunció su intención de re-acceder al tratado con una reserva que permita el consumo tradicional de la hoja de coca. (La Convención de 1961 clasifica erradamente a la hoja de coca como un estupefaciente peligroso, junto con la cocaína). A menos de un tercio de los estados miembros de las ONU presenten una objeción hasta la fecha límite del 10 de enero de 2013, la reserva planteada por Bolivia será aceptada y el país volverá a ser miembro pleno de la Convención Única.

La proximidad de la fecha para el retorno potencial de Bolivia a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ofrece un momento oportuno para evaluar los avances del gobierno boliviano en alcanzar sus objetivos de políticas sobre drogas. Más aún, Morales ha ocupado el cargo durante casi seis años, lo cual brinda un claro récord de antecedentes por evaluar. Adoptando el enfoque “coca sí, cocaína no”, Bolivia ha tratado de disminuir el cultivo de la hoja de coca—la materia prima empleada para fabricar la cocaína—al mismo tiempo que ha incrementado acciones contra la producción de la cocaína y las organizaciones traficantes de drogas. En 2011, el territorio dedicado al cultivo de la hoja de coca en Bolivia se redujo en un 13 por ciento, según estimados del gobierno de los EE.UU., en contraste a los incrementos netos producidos en el Perú y Colombia. Desde que el Presidente Morales asumió el cargo, se han aumentado de manera sostenida las incautaciones de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, así como la destrucción de laboratorios de producción de drogas. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos alcanzados a la fecha, el gobierno enfrenta crecientes retos en la medida en que ha aumentado la cantidad de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaína que fluye a través de la frontera con el Perú, que la producción de cocaína en la propia Bolivia se ha incrementado, y que los traficantes de drogas han diversificado y expandido las áreas de producción y transporte de estas sustancias dentro del país.

El gobierno boliviano ha logrado significativos avances al enfrentar los continuos desafíos de la producción y el tráfico de drogas, en parte gracias a la asistencia proporcionada por la Unión Europea (UE), los EE.UU. y otros actores. El gobierno de los EE.UU. debe ahora reconocer dichos avances en sus determinaciones anuales. La cadena de “descertificaciones” está cada vez más desconectada de la realidad en Bolivia, y no tienen credibilidad para el gobierno boliviano y otros gobiernos de la región, que continúan considerando las calificaciones anuales de los EE.UU. como ofensivas y políticamente motivadas. La firma de un acuerdo marco entre los EE.UU. y Bolivia marcó un significativo avance en las relaciones bilaterales de estos países. Ambos gobiernos deben consolidar dicho éxito, empleando el acuerdo como un espacio para discutir áreas de interés, de fricción y de consenso. Aunque sin duda surgirán diferencias, mantener un diálogo abierto es en el mejor interés de ambos países.

 

Cultivo de la Hoja de Coca

En septiembre de 2012, tanto la Oficina de las ONU. contra la Droga y el Delito (ONUDD) como el gobierno de los EE.UU., emitieron sus estadísticas sobre cultivo de coca en Bolivia correspondientes al año 2011. Los estimados de las ONU y del gobierno de los EE.UU. diferían en apenas 1 por ciento (en marcado contraste con las estadísticas elaboradas para otros países). La convergencia de los estimados sobre los cultivos de coca apunta a la efectividad de la estrategia del gobierno para monitorear dichos cultivos, la cual se beneficia de la cooperación de los agricultores cocaleros, de una mayor concentración del cultivo de hoja de coca, y de avances tecnológicos para la medición de cultivos. En pocas palabras, el sistema de monitoreo vigente permite una medición mucho más rigurosa que aquella disponible en el Perú o en Colombia, los principales productores de hoja de coca para el mercado ilegal. (Según la ONUDD, en 2011 Colombia cultivó 64,000 hectáreas de hoja de coca, mientras que el Perú produjo 62,500 hectáreas, cifras que reflejan incrementos de 3 y 5 por ciento en los dos países, respectivamente). El sistema de monitoreo también brinda al gobierno boliviano y a la comunidad internacional la oportunidad de desarrollar políticas de colaboración basadas en información confiable sobre tendencias referidas a la hoja de coca.

Fuente: Informes de Monitoreo de Cultivos de  Coca  2011 de la ONUDD

 


Fuente: Informes de Monitoreo de Cultivos 2011 de la ONUDD

 

El Monitoreo de Cultivos de Coca de la ONUDD para el año 2011[3], dada a conocer el 17 de septiembre de 2012, indica que el cultivo de la hoja en Bolivia se redujo a 27,200 hectáreas[4] en 2011, una disminución del 12 por ciento respecto a las 31,000 hectáreas cultivadas en 2010. El informe señala que el cultivo de coca declinó en todas las regiones del país donde la producción de la hoja es importante, lo cual llevó el área total bajo cultivo de coca a un nivel cercano a lo observado en el año 2005. La ONU atribuye esta “significativa” disminución a un “control efectivo” a través de la reducción y erradicación de la coca mediante la cooperación. La ONU también reporta una reducción del 13 por ciento en la producción total de hoja de coca, de 55,500 toneladas métricas en 2010 a 48,100 toneladas métricas en 2011. Según el jefe de la sede de la ONUDD en Bolivia, César Guedes, “El avance logrado en Bolivia es innegable. Este año, Bolivia es el único país que presenta una disminución en el cultivo de hoja de coca… Los hechos son bastante claros, no sólo en relación al cultivo de coca sino también respecto a una larga lista de logros verificables”.[5]

Igualmente, la “descertificación” de la Casa Blanca del 14 de septiembre reporta que los estimados del gobierno de los EE.UU. sobre cultivo de coca en Bolivia durante 2011 corresponden a 30,000 hectáreas, una disminución del 13 por ciento en el cultivo de coca en este país.[6] En una entrevista realizada en julio de 2012, el Chargé d’Affaires de la Embajada de los EE.UU. en Bolivia, John Creamer, declaró que se había producido una “reducción neta impresionante en el número de hectáreas de coca” en 2010 y 2011.[7] Ello no obstante, la “descertificación” de septiembre—la cual concluye que Bolivia ha “fracasado de manera manifiesta durante los 12 meses anteriores en cumplir [sus] obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales sobre estupefacientes”—minimiza la importancia de la reducción de los cultivos de coca, refiriéndose a la disminución del 13 por ciento como apenas “ligeramente menor” que el estimado de 34,500 hectáreas correspondiente al año 2010.

 

Fuente: Informes del Monitoreo de Cultivos de Coca de la ONUDD e Informes de la Estrategia Internacional de los EE.UU. para el Control de Estupefacientes

 

La Cooperación para la Reducción del Cultivo de Coca y el Control Social Empiezan a Mostrar Resultados

El éxito de la estrategia de reducción del cultivo de coca a través de la cooperación, empleada por la Administración Morales, depende de la participación voluntaria de los agricultores provenientes de todas las regiones cocaleras del país, así como del equilibrio de presiones procedentes de la comunidad internacional con las demandas de sus afiliados involucrados en el cultivo de la hoja de coca. Una exitosa colaboración entre las autoridades bolivianas y de países vecinos, particularmente de Brasil, así como organizaciones internacionales y agencias donantes del exterior, han contribuido también a mejorar la efectividad del esfuerzo de monitoreo.

La estrategia de cooperación para la reducción de la coca en Bolivia (conocida como la racionalización) permite a cada agricultor del Chapare cultivar un cato de coca,[8] continuando una política adoptada por el gobierno de Carlos Mesa en 2004. Cualquier cultivo de coca más allá de este límite está sujeto a acciones de eliminación. El gobierno boliviano ha expandido este enfoque a zonas del país donde no había tenido lugar previamente una significativa erradicación de cultivos de coca, como secciones de los Yungas de La Paz. Como resultado del acuerdo sobre el cato, con pocas excepciones, la violencia y conflicto generado por la erradicación forzosa en el Chapare han cesado. La estrategia también consiguió inicialmente estabilizar con éxito el cultivo de la hoja de coca, y el año 2011 marca el inicio de lo que Felipe Cáceres, Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, considera será una tendencia sostenida de disminución en el cultivo de la coca.[9]

 


Foto: Sara Shahriari

 

El éxito relativo de esta política proviene, en parte, de la capacidad de las federaciones cocaleras para hacer cumplir el acuerdo.[10] A cambio de ello, una producción limitada mantiene el precio de la coca—base garantizada de subsistencia—estable y relativamente alta, y libera a los agricultores de la represión que acompañaba a la erradicación forzosa. Según el informe de  la ONUDD para 2011, el precio de la hoja de coca en los mercados legales e ilegales es el mismo, lo cual brinda escasos incentivos comparativos para desviarse de las ventas legales. El ingreso seguro generado por la producción en el cato de coca también permite la experimentación con otras actividades generadoras de ingreso con la implementación complementaria de programas de desarrollo económico, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) y otros programas que ofrecen fuentes adicionales de ingreso, llamados a menudo “desarrollo integrado con coca” (consultar más adelante). Finalmente, las sanciones impuestas por las federaciones por el incumplimiento del límite de un cato son severas, incluyendo la pérdida del derecho de cultivar coca y, en última instancia, la expropiación del terreno para reincidentes.

Tal como lo explica el dirigente de la federación, Rolando Vargas, existe una estrategia dual para el control de la hoja de coca: “el control interno de la federación, y el control ejercido por el Estado”, el cual incluye el monitoreo aéreo y la eliminación de los cocales cultivados en violación del acuerdo sobre el cato.[11] Según el Viceministro Cáceres, en el primer año del gobierno de Morales, 150 agricultores cocaleros perdieron su derecho a cultivar la hoja durante un año. Entre enero y septiembre de 2012, este número se incrementó a 600 agricultores.[12] La reincidencia en la falta da como resultado la pérdida permanente de los privilegios de cultivar coca. Para hacer cumplir esta disposición—o en los casos donde se cultiva coca en áreas que no están cubiertas por el acuerdo del cato—el gobierno boliviano ha conformado el Grupo Surazo (nombrado así por el frente frío que desciende rápidamente en las regiones tropicales), una unidad militar de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta, que ingresa a las comunidades sin advertencia y que erradica por la fuerza los cocales excedentes o no autorizados. Sin embargo, el modus operandi de la nueva unidad despierta inquietudes sobre el potencial de abusos, particularmente el maltrato a las comunidades afectadas, del mismo tipo que caracterizó a las campañas de erradicación forzosa en el pasado.

 

Imágenes satelitales de ONUDD delinean claramente los catos de coca en el Chapare.

Finalmente, el gobierno de Morales ha cumplido de manera consistente sus metas anuales de reducción de la coca. Según el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, hasta mediados de noviembre de 2012 se habían eliminado 10,201 hectáreas. La meta para el año 2012 es una reducción de 11,000 hectáreas.

 

Monitoreo de la Hoja de Coca, desde los Campos hasta los Mercados

El núcleo de estos esfuerzos es la propia estrategia para el monitoreo del cultivo de hoja de coca, que se realiza de manera colaborativa por parte de entidades estatales bolivianas. El monitoreo de referencias cruzadas realizado por el gobierno de Bolivia es un modelo único que incorpora la participación e involucramiento activos y voluntarios de los agricultores cocaleros con las entidades estatales, así como el intercambio de información e involucramiento de entidades y agencias internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Unión Europea, y los gobiernos de los Estados Unidos y de Brasil. La Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca (DIGPROCOCA) registra los catos y proporciona títulos de propiedad a los agricultores. Dicho registro es parte de una sofisticada base de datos, SYSCOCA, la cual realiza referencias cruzadas de la información con imágenes satelitales, fotos aéreas, inspecciones in situ, y mediciones con GPS y láser distanciómetros, así como con información recientemente actualizada sobre la tenencia de la tierra. Tal información es luego empleada para planificar la reducción del cultivo de coca a través de la cooperación. SYSCOCA es parte del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca, financiado por la Unión Europea, y la base de datos es compartida asimismo con el Proyecto para Monitoreo de la Coca de la ONUDD. La mayoría de las parcelas dedicadas al cultivo de coca son monitoreadas varias veces al año por satélite, mediante verificaciones realizadas por tres entidades distintas en el terreno, y con fotografías aéreas.

 

Como parte del esfuerzo de monitoreo, la UE ha financiado un registro biométrico de los productores de coca, cada uno de los cuales recibirá su propia tarjeta de identificación personal.  Se ha completado el registro de más de 48,000[13] productores cocaleros, y las cédulas (las cuales contienen una ficha electrónica para facilitar el control por parte del gobierno) serán distribuidas a cada agricultor cocalero autorizado. La base de datos de SYSCOCA descrita arriba brinda a los funcionarios del gobierno boliviano información actualizada sobre la cantidad precisa de arbustos de coca plantados, a quién pertenecen, y si éstos cumplen con la legislación nacional. Mediante la tarjeta de identificación electrónica y la información obtenida en el registro, los funcionarios del estado podrán rastrear la cosecha de la hoja de coca y su venta en el mercado legal local. La idea es que las autoridades del gobierno podrán seguidamente rastrear con mayor eficiencia la coca que ha sido desviada del mercado legal, y determinar quién no está vendiendo su coca a los mercados legales.[14]

Resulta particularmente significativo que el gobierno boliviano planee extender el registro biométrico, con apoyo de la UE, para controlar el tránsito, venta y mercadeo de la hoja de coca, desde el campo de cultivo hasta el consumidor. Funcionarios del Programa de Apoyo al Control Social ya han superado lo que era potencialmente el impedimento más significativo para este sistema: la aceptación de los agricultores cocaleros. Éstos han dado dicho consentimiento, primordialmente debido a que el registro valida su derecho a cultivar un cato de coca. Eventualmente, cualquier persona involucrada en el transporte o venta legal de la coca contará con una cédula de identificación y, consecuentemente, ingresará al sistema. El gobierno podrá luego monitorear el transporte de coca por parte de los intermediarios registrados hacia los dos mercados mayoristas autorizados, y su distribución a vendedores individuales, todo ello a través del escaneo de sus respectivas tarjetas biométricas de identificación. Cuando el sistema (el cual requiere el equivalente tecnológico de un teléfono inteligente o smartphone) esté plenamente implementado, representará una mejora dramática respecto a los registros actuales en papel, donde los comerciantes registrados tienen formularios sellados que les permiten transportar coca. En contraste, el registro biométrico permitirá un intercambio más completo y rápido de la información.

Ningún sistema es infalible, y surgirán múltiples obstáculos para la efectiva implementación del programa de monitoreo, dado que los traficantes de drogas pueden adaptarse a nuevos desafíos tecnológicos y la corrupción puede socavar este esfuerzo, lo cual representa oportunidades para que la coca sea desviada al mercado ilícito en cualquier punto del proceso. Ello no obstante, el sistema representa un esfuerzo pragmático, ambicioso y potencialmente viable para controlar la desviación de la coca hacia los mercados ilícitos. De ser implementado exitosamente, este esfuerzo  brindaría el sistema más preciso disponible en la región para monitorear la hoja de coca.

 

Desarrollo Económico en el Chapare

El éxito de los esfuerzos para la reducción de los cultivos de la hoja de coca (conocido como la racionalización) depende en gran medida de la capacidad de los agricultores cocaleros para diversificar sus fuentes de ingreso. En el caso de la región cocalera del Chapare, se encuentran en marcha esfuerzos para mejorar la calidad de vida en general de la población local. Es difícil encontrar datos concretos, pero hay signos de que los agricultores están aprovechando una serie de oportunidades para generar ingresos. La ONUDD señala la significativa diversificación agrícola que se produce en el área principal de la región del Chapare (excluyendo los parques nacionales) donde se ha implementado la reducción de cultivos de coca a través de la cooperación desde fines de 2004. Según el  Monitoreo de Cultivos de Coca correspondiente a 2011, la mayor área cultivada en el Chapare está cubierta por plátanos, seguida por cítricos y palmitos, y luego la hoja de coca. La ONUDD atribuía este fenómeno a los esfuerzos en favor de un desarrollo sostenible e integrado.[15] Pero asimismo es importante advertir que un ingreso de subsistencia garantizado provisto por la pequeña parcela de coca permitida habilita también a los agricultores a asumir riesgos con otros cultivos.[16] Un informe de la Oficina para la Fiscalización del Gobierno (GAO) de los EE.UU., emitido en junio de 2012, arribó a un conclusión similar, señalando que las “actividades de USAID en Bolivia han contribuido a mejorar los indicadores de pobreza, y las hectáreas de los principales cultivos alternativos—como plátanos y cítricos—se han incrementado más que las de coca”.[17]

En entrevistas realizadas por la RAI y WOLA a fines de septiembre de 2012, funcionarios de los gobiernos municipal y nacional en el Chapare, agricultores cocaleros y representantes de organizaciones internacionales estuvieron todos de acuerdo en que la calidad de vida en el Chapare en general ha mejorado debido a una mayor inversión en educación y salud, y mejores medios de transporte. Ya se ha graduado de las universidades locales una generación de hijos de cocaleros en el Chapare, retornando al área con una variedad de habilidades técnicas que ofrecer. Las exportaciones de plátanos hacia  Argentina se han convertido en un pilar de la economía local y, además de los cultivos mencionados arriba, los agricultores están invirtiendo más en productos como miel, café y chocolate, y algunos de ellos están invirtiendo en ganado. Otros están involucrándose en negocios a pequeña escala, como mercadeo de productos o servicios de transporte. Tal como una cocalera relató a la RAI y WOLA, “No queremos depender de la coca. Por eso es obligatorio que los miembros de nuestra federación cultiven otras cosas”.[18]

Según el alcalde de Shinahota, Rimer Ágreda, uno de los más importantes avances logrados en la región es el mejoramiento de servicios básicos, particularmente el transporte. “Ahora tenemos caminos y puentes en cerca del 80 por ciento de la zona”, lo cual permite el transporte de otros productos agrícolas. “Muchas personas ahora tienen su cato, pero también están exportando plátanos y conduciendo un camión”. Tal diversificación económica parece estar incrementando poco a poco los ingresos locales, aunque no se encuentra disponible documentación respecto a la dimensión de este incremento. Sin embargo, Ágreda señalaba asimismo que los cocaleros también “están acostumbrados ahora a tener su cato de coca”.[19]

La administración Morales también ha promovido el desarrollo de los usos lícitos de la hoja de coca como un medio para generar ingresos adicionales. La industrialización de la hoja de coca es probablemente el pilar más débil de la estrategia de Morales, aunque se han logrado ciertos avances. A fines de 2011 y varios años después de lo programado, una planta procesadora de coca inició sus operaciones en el Chapare. El alto precio de la hoja de coca, en combinación con dificultades para obtener hoja de coca orgánica (la cual es requerida para la elaboración de todos los productos), ha disminuido el ritmo de la productividad. Otro desafío consiste en lidiar con la altísima humedad existente en la zona, ya que los productos alimenticios se ponen rancios rápidamente. Ello no obstante, la fábrica ha empezado a manufacturar una variedad de productos, incluyendo “chisitos” o chips de coca para el programa de desayunos subsidiados en las escuelas públicas, licor de coca, bebidas energéticas, harina, ungüentos y panetones de coca. Cuando los representantes de WOLA y la RAI visitaron la planta a fines de septiembre de 2012, la producción había experimentado una pausa de una semana para realizar una limpieza de la maquinaria, pero se reunieron con los dos técnicos que manejaban la planta. Ellos dijeron unas treinta personas locales eran empleadas por la planta y actualmente surtían los pedidos según éstos se producían, en la esperanza de llegar con el tiempo a una escala de producción plena.

 

Más Allá del Chapare

Durante muchos años, la producción de la hoja de coca en la región del Chapare superaba con creces a la de la los Yungas de La Paz. Pero el éxito de la reducción del cultivo de hoja de coca a través de la cooperación en el Chapare ha significado que ahora los Yungas sea la principal región productora de hoja de coca en el país, con el 67 por ciento del cultivo a nivel nacional.[20]  Gobiernos anteriores no pudieron reducir el excedente de cultivo de coca en esta región, pero el gobierno de Morales ha iniciado reducciones mediante acciones de amplia negociación y de desarrollo integrado, las cuales tratan de complementar el ingreso proveniente del cultivo de la hoja de coca. Desde el año 2006, FONADAL—con financiamiento tanto del Tesoro Nacional boliviano como de la UE—ha implementado cientos de proyectos de infraestructura, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y de desarrollo social, primordialmente en zonas productoras de hoja de coca, con un énfasis en la consulta con las familias participantes y en la seguridad alimentaria.[21] El lanzamiento de estas iniciativas de desarrollo participativo antes de negociar la reducción de cultivos de coca ha ayudado a la Administración Morales a lograr acuerdos en zonas donde se produce un excedente de hoja de coca, a implementar el sistema del cato en los Yungas,[22] y a establecer umbrales para la producción de la hoja de coca en las sub-regiones de los Yungas. Estos factores explican en gran medida la reducción del 11 por ciento en los cultivos de coca en los Yungas durante el año 2011, reportada por la ONUDD. Más aún, por primera vez, los agricultores de la zona tradicionalmente cocalera de los Yungas han acordado trabajar con el gobierno boliviano para limitar la producción de la hoja, aunque continúan existiendo dificultades.[23]

Según la ONUDD, en 2011 el cultivo de la hoja de coca declinó en todas las regiones cocaleras, incluyendo los parques nacionales (dando como resultado la anteriormente señalada disminución del 12 por ciento a nivel nacional). Hubo una disminución del 11 por ciento en los cultivos en las Yungas, del 7 por ciento en Apolo-Norte de La Paz, y del 15 por ciento en el Chapare. Los parques nacionales también fueron testigos de una reducción del 15 por ciento en el cultivo de la hoja, como resultado de la erradicación forzada. Ello no obstante, la información de ONUDD muestra que la cooperación para la reducción de la coca mediante el control social es la fuerza que impulsa la disminución del cultivo de la hoja.

Empero, el gobierno enfrenta el reto de la continua difusión de la hoja de coca hacia nuevas áreas, incluyendo los parques nacionales. Según estimados de la ONUDD, entre 2010 y 2011 se produjo un incremento en el precio de la hoja del 30 por ciento en mercados autorizados, así como del 16 por ciento en los no autorizados.[24] Los significativos incrementos en los precios han conllevado a que se plante coca en nuevas regiones, en la medida en que los agricultores migran a nuevas áreas y plantan el arbusto como una manera de generar ingresos para la familia. Por ejemplo, en noviembre se ha detectado una reducción en el cultivo de coca por primera vez en la provincia de Ayopaya en Cochabamba, donde anteriormente no se había detectado este cultivo.[25]

La administración Morales implementó la erradicación forzada en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), en un intento por apaciguar temores de que la carretera que se planea construir a través de la región, y que es objeto de encendidos debates, podría provocar una explosión de la producción de coca y cocaína en ese lugar. Este escenario es improbable. Los colonos en el TIPNIS plantan coca como resultado de infraestructura deficiente y falta de acceso a mercados para otros productos, y los traficantes prosperan en áreas como TIPNIS con múltiples vías fluviales que conectan con Brasil. La carretera ciertamente proporcionaría mayor acceso a las acciones para controlar las drogas, pero el proyecto es altamente criticado en la medida en que éste provocará un severo daño ambiental y abrirá la región al tráfico agrícola y comercial.

 

Esfuerzos para Impedir el Tráfico de Drogas

Aunque la producción de coca declinó significativamente en 2011, el gobierno boliviano enfrenta un creciente tráfico de drogas en el país. La voluntad política declarada del gobierno, y sus mayores esfuerzos para aplicar la ley, han llevado a un sostenido incremento de las incautaciones de pasta básica de coca y cocaína, así como de la destrucción de “laboratorios”—mayormente sitios de producción en pequeña escala— desde que la Morales asumió el poder en 2006. Según Nicolaus Hansmann, funcionario de la UE, perseguir el tráfico de drogas es “una de las prioridades más altas del gobierno en la medida en que ellos saben que, tanto interna como externamente, el peor daño que pueden causar [al partido Movimiento al Socialismo, MAS] es asociarlo con el tráfico de drogas”.[26] El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, declaró enfáticamente que “estamos plenamente comprometidos en la lucha contra el tráfico de drogas… el cual amenaza a nuestros hijos y nietos”.

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, y La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)


Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, y la FELCN

 

Las autoridades bolivianas han expresado repetidamente su inquietud respecto a la presencia de representantes de organizaciones del tráfico de drogas en el país, algo que ellos atribuyen a la ubicación central de Bolivia en el continente, el fácil acceso al corredor a través de Argentina y hacia África Occidental (que se ha convertido ahora en un punto principal para el transbordo de drogas ilícitas en ruta a Europa y otras partes del mundo), y la proximidad al segundo mercado más grande de cocaína en el mundo, Brasil. Adicionalmente, Bolivia ofrece costos operativos comparativamente bajos debido a los significativos subsidios existentes para el combustible y la ausencia de una violencia sostenida asociada al tráfico de drogas en México y Colombia. Coronel Gonzalo Quezada, director de la FELCN,  señala, “estamos ubicados estratégicamente para los traficantes, y Bolivia es un buen lugar para trabajar sin ser asesinado por los emisarios de los cárteles que quieren explorar sus opciones; pero ello no significa que no estamos haciendo todo a nuestro alcance para detenerlos”.[27] Quezada sostiene que cuatro grupos de traficantes de drogas colombianos han enviado a su gente a Bolivia; sin embargo, también otras nacionalidades están representadas. Las estadísticas de detenciones en casos de tráfico de drogas confirman estas dinámicas. Desde enero a septiembre de 2012, la policía boliviana ha arrestado a personas procedentes de 30 diferentes países.

Hasta fines de la década de 1990, familias involucradas y bien establecidas mantenían un dominio geográficamente concentrado del tráfico de drogas en Bolivia. Ello no obstante, en años recientes las redes del tráfico de drogas se han diversificado, tienden a concentrarse en una parte de la cadena del narcotráfico y se han difundido a través del país. El grueso de la producción y el tráfico de drogas en Bolivia lo llevan a cabo ahora pequeños “clanes” familiares, ninguno de los cuales cuenta con una porción significativa del mercado. Éstos pueden desagregarse en cuatro grupos diferentes: aquellos que adquieren coca para fines ilícitos; quienes compran los insumos; los que proporcionan la mano de obra y la infraestructura temporal para elaborar la pasta básica de cocaína (los pozos de maceración para producir la pasta básica de cocaína se han convertido en  la mayoría de los casos en algo del pasado, por cuanto los traficantes han adoptado el más fácil “método colombiano” mediante el cual la coca es molida con trituradores de hierba); y quienes la transportan a los laboratorios de producción de cocaína o a través de la frontera hasta Brasil, donde el producto es utilizado para elaborar el paco, un derivado de cocaína altamente adictivo.[28] El arresto y desbaratamiento de un grupo tiene escaso impacto, si acaso alguno, en la industria de la droga, ya que éste es reemplazado fácil y rápidamente.

 


Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, y la FELCN

 

El influjo de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato de cocaína del vecino Perú presenta otro importante desafío para las autoridades bolivianas; según el Coronel Quezada, aproximadamente la mitad de la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína incautados en el país se originan en el Perú. Como el precio de un kilo de pasta básica de cocaína es US$200 más caro en Bolivia que en el Perú, cada vez más pasta básica de cocaína es traída a Bolivia desde ese país. Investigaciones realizadas por la policía boliviana muestran que la mayor parte del influjo de las drogas proviene de la región del VRAE en el Perú (ahora llamada VRAEM por el gobierno de ese país). Aunque la mayor parte de las drogas llegan a Bolivia en pequeñas cantidades traídas por “mulas” o traficantes de poca monta, las sustancias también son transportadas al territorio boliviano en aviones pequeños para ser procesadas y luego enviadas hacia Brasil. Ésta es una preocupación particular para la policía boliviana, dada la limitada capacidad del país para controlar su espacio aéreo.

El gobierno de los EE.UU. sostiene que la expulsión de la DEA, la cual salió de Bolivia en enero de 2009, bloqueó de manera permanente la capacidad de este país para lidiar con el tráfico de drogas, generando un cuestionamiento sobre la voluntad política de la administración Morales para implementar políticas efectivas para el control de drogas. Otros funcionarios internacionales otorgan mayor respaldo más la determinación de Bolivia para abordar el problema. Tal como la señalado Hansmann de la UE, existe una “gran voluntad [por parte de las autoridades bolivianas] para avanzar en cuanto a políticas para el control de drogas… pero ello no necesariamente corresponde a lo que los Estados Unidos quieren”. Hansmann opina también que el enfoque estadounidense sobre la erradicación de la hoja de coca ha sido perjudicial para los esfuerzos más amplios de controlar las drogas: “El resto de los esfuerzos se vieron paralizados, no existe experiencia, las reformas institucionales no se dieron, y se incumplió con promulgar leyes efectivas”.[29]

El Coronel Quezada de la FELCN concuerda en que son necesarios el fortalecimiento institucional y una serie de nuevas leyes para consolidar la aplicación de la ley al lidiar con el tráfico de drogas. Quezada también señala que su máxima prioridad en este momento radica “no a nivel internacional, sino en el espacio doméstico”. Dado que la industria de las drogas se ha expandido en Bolivia, lo han hecho también el tráfico a nivel micro y otras operaciones a pequeña escala que ahora se pueden presenciar en comunidades a lo largo del país. “Estamos enfocados en operaciones que protejan a nuestros ciudadanos”.[30] Los desafíos institucionales, sin embargo, siguen siendo formidables en la medida en que Bolivia enfrenta severas limitaciones y tiene escasa capacidad técnica para lidiar con una industria criminal compleja que cuenta con fondos virtualmente ilimitados.

Con la salida de la DEA del país, Bolivia ha empezado a trabajar estrechamente con sus vecinos en una serie de iniciativas para el control de drogas, y ha firmado acuerdos bilaterales al respecto con Brasil, el Perú, Argentina, Paraguay, Colombia y otros. Brasil es probablemente el socio más visible de Bolivia en temas de control de drogas; ambos países han sostenido frecuentes diálogos bilaterales, han suscrito múltiples acuerdo para fortalecer el control de sus fronteras y los vehículos aéreos no tripulados (VANT) de Brasil son empleados para identificar lugares de producción de pasta básica de cocaína.[31] La militarización conjunta de la frontera compartida por ambos países podría, sin embargo, presentar mayores retos que éxitos. Con una longitud mayor que la frontera entre los EE.UU. y México y mucho menos monitoreada que ésta, resulta imposible el bloqueo físico del flujo de drogas. Al mismo tiempo, la frontera no se encuentra bien definida y, como resultado las tropas de ambos países  han cruzado la frontera de su vecino. Como consecuencia, la creciente presencia militar a lo largo de la frontera ha alimentado en ocasiones tensiones bilaterales.[32]

Bolivia ha suscrito también dos importantes acuerdos trilaterales: uno con Brasil y los Estados Unidos para apoyar el monitoreo del cultivo de la hoja de coca y otro con Brasil y el Perú sobre controles fronterizos e interdicción. Más recientemente, el 13 de noviembre de 2012, los gobiernos de Bolivia, Brasil y el Perú formaron un grupo de trabajo permanente para sistematizar los esfuerzos para el control de drogas y para desarrollar protocolos para garantizar el espacio aéreo de los tres países en un intento por abordar el problema de los sobrevuelos anteriormente descritos. El plan incluye la colocación de radares en las fronteras de los países para poder derribar vuelos identificados como medios de transporte de drogas ilícitas.[33] Desafortunadamente, las políticas para derribar vuelos en otros países se han visto plagadas de problemas y han causado la muerte de civiles inocentes.[34] También es de notar que, el 25 de noviembre de 2012, las fuerzas armadas de Brasil firmaron un contrato de US$420 millones por la primera fase del Sistema Integrado de Vigilancia de Fronteras (SISFRON), incluyendo radar, aviones no tripulados y sensores, a ser puesto en marcha inicialmente a lo largo de la frontera entre Bolivia y Paraguay.[35]

 


Estimados Variables de Producción Potencial de Cocaína

Podría decirse que los estimados sobre niveles de producción potencial de cocaína son una medida más importante para medir la producción y tráfico ilícito de un país, en comparación a estimados sobre la extensión del territorio que se encuentra cultivado con coca. Amplias discrepancias entre los estimados elaborados por la ONU y los EE.UU. sobre producción de cocaína en Bolivia—y una falta de transparencia respecto a los métodos utilizados por los EE.UU. para arribar a sus estimados—han llevado a una disputa sobre cuánto cocaína está siendo probablemente producida en Bolivia. Pese a los reportes de que el territorio dedicado al cultivo de coca ha disminuido en 2010 y nuevamente en 2011, en septiembre de 2012 el gobierno de los EE.UU. anunció un sorprendente incremento de la producción potencial de cocaína en el país: de un estimado de 195 toneladas métricas, que se mantuvieron firmes desde 2008 hasta 2010, a una producción potencial de 265 toneladas métricas para 2011. En otras palabras, aún con una reducción del 13 por ciento en hectáreas de coca estimada por los EE.UU., y de una disminución del 13 en la producción de hoja de coca reportada por las NN.UU., el gobierno de los EE.UU. aseveró que la producción potencial de cocaína de Bolivia se incrementó en un 36 por ciento. Por su parte, el gobierno boliviano estima que se podrían producir aproximadamente 80 toneladas métricas de cocaína en el país.

Adam Isacson, Coordinador Principal de WOLA para el Programa de Políticas de Seguridad Regional, ha calculado que la proyección de 265 toneladas métricas de cocaína producidas a partir de 30,000 hectáreas de cultivos de coca equivalen a la sorprendente cantidad de 8.83 kilogramos de cocaína por hectárea de coca, en marcado contraste con lo que ocurre en Colombia donde datos elaborados por el gobierno de los EE.UU. muestran una producción de 2.70 kilogramos por hectárea.[36] En otras palabras, las cifras del gobierno de los EE.UU. implican que la hoja de coca boliviana está rindiendo tres veces más cocaína que la hoja de coca colombiana. (Dado que una considerable proporción de la producción de coca en Bolivia tiene fines tradicionales y legales—12,000 hectáreas, de acuerdo a la ley boliviana actual—la tasa de conversión coca-a-cocaína implicada por las cifras anunciadas por el gobierno de los EE.UU. es aún más elevada). El gobierno de los EE.UU. estima que la cantidad de producción potencial de cocaína en Colombia ha descendido entre 2010 y 2011 en un 25 por ciento, de 270 a 195 toneladas métricas. En contraste, la ONUDD calculó el potencial de producción de cocaína en Colombia en 345 toneladas métricas para el año 2011, empleando datos elaborados por el gobierno de los EE.UU. para la conversión de pasta básica a cocaína.

 


Fuente
: Informes sobre Estrategia Internacional de los EE.UU. para el Control de Estupefacientes

 

Las autoridades estadounidenses mantienen que el incremento de la producción potencial de cocaína en Bolivia se debe a métodos de procesamiento más eficientes (irónicamente, los mismos métodos empleados en Colombia) y a la madurez de los campos de cultivo existentes, los cuales contribuyen a una mayor producción. Todos concuerdan en que actualmente puede producirse más cocaína con menos hoja de coca en Bolivia. Sin embargo, sería improbable que este factor redunde en un incremento tan dramático de la producción potencial. Más aún, el gobierno de los EE.UU. anunció un incremento del 50 por ciento en sus estimados para la producción potencial de cocaína en Bolivia en 2008, empleando el mismo argumento—métodos más eficientes para el procesamiento de cocaína.[37] En pocas palabras, las autoridades estadounidenses sostienen que la producción potencial de cocaína ha aumentado a más del doble en tres años, pese a reducciones en el cultivo de hoja de coca, y en cada ocasión ha señalado como la razón de este incremento la adopción de métodos de procesamiento utilizados en Colombia. Lo que resulta más inquietante es que el gobierno de los EE.UU. no brinda información alguna sobre cómo deriva tales estadísticas, lo cual da la razón a quienes sostienen que estas cifras han sido elaboradas con fines políticos.

Los funcionarios del gobierno de los EE.UU. sí afirman que la Operación “Breakthrough” [iniciada en 1993, brinda una metodología de línea de base para calcular la producción potencial de cocaína en la región andina. (AIN pudo obtener la metodología de la Operación Irrupción a través de un documento desclasificado de la DEA).[38] Sin embargo, estimaciones actuales, que supuestamente continúan empleando estos métodos, demuestran algunas contradicciones saltantes. En primer lugar, la Operación Breakthrough estimaba en 2000 que el “método colombiano para el procesamiento de cocaína” es aproximadamente 25 por ciento más efectivo que los sistemas de pozo de maceración inicialmente empleados en el Perú y Bolivia.[39] Adicionalmente, la operación identificó los “elementos esenciales o críticos para estimar la producción de cocaína”:

  1. número de hectáreas cultivadas;
  2. producción de hoja de coca por hectárea;
  3. contenido del alcaloide de cocaína en la hoja de coca;
  4. la eficiencia con la cual el alcaloide de la cocaína en la hoja es convertido en pasta básica de cocaína; y
  5. la eficiencia con la cual la pasta básica de cocaína es convertida en clorhidrato de cocaína (HCL)[40]

El estudio proporcionó la siguiente fórmula:

cultivo de hoja madura de coca X producción de hoja de coca X contenido de alcaloide de cocaína X eficiencia del laboratorio = pasta básica de cocaína (TM)[41]

Ello no obstante, los funcionarios del gobierno de los EE.UU. reconocen que actualmente no pueden determinar el volumen de la producción de la hoja de coca, y que no tienen información para calcular la eficiencia para la extracción del alcaloide, ambos factores indispensables para calcular la producción potencial de cocaína. En marzo de 2012, el gobierno de los EE.UU. protestó porque no había podido realizar estudios sobre producción en Bolivia desde la expulsión de la DEA en enero de 2009.[42] En otras palabras, las autoridades estadounidenses no cuentan con la información básica necesaria para calcular la producción potencial de cocaína en Bolivia a través de la metodología de la Operación Breakthrough.

El informe de la ONUDD sobre cultivos de coca para el año 2011 en Bolivia no proporcionaba información alguna sobre producción potencial de cocaína, aunque reportaba una disminución del 13 en la producción de hoja de coca, lo cual sugeriría una reducción, en lugar de un incremento, de la producción potencial de cocaína. Inquietudes respecto a que la metodología empleada anteriormente se encuentra desactualizada y podría no producir estadísticas acertadas, llevó a la ONUDD a modernizar su recolección y análisis de datos. La organización desarrolló una nueva metodología, la cual incluye la recopilación de información procedente de traficantes de drogas encarcelados para determinar métodos de fabricación de cocaína, a fin de replicarlos en distintas áreas para estimar la producción de los cultivos de coca y la potencial producción de cocaína. Ello servirá tanto para mejorar las estadísticas a nivel nacional como para facilitar comparaciones entre países. La nueva metodología ya está siendo implementada en el Perú y Colombia, y en septiembre de 2012 la ONUDD y Bolivia suscribieron un acuerdo para permitir su implementación en Bolivia. La ONUDD espera dar a conocer los nuevos datos a mediados del año 2013.[43] Calcular la producción potencial de cocaína es siempre una tarea desafiante. Sólo en Bolivia, existen al menos ocho ecosistemas que se reflejarán en niveles diferenciados de producción de coca. Ello no obstante, de ser implementada de manera precisa y cabal, la nueva metodología desarrollada por la ONUDD ofrece la posibilidad de arribar a estadísticas más confiables, transparentes y creíbles sobre la producción potencial de cocaína.

 

Políticas de los EE.UU. hacia Bolivia

El debate generado por la “descertificación” de la Casa Blanca en septiembre de 2012 y, en particular, las afirmaciones del gobierno de los EE.UU. respecto a la producción potencial de cocaína en Bolivia, han creado tensión sobre lo que habían sido relaciones de colaboración bilateral bastante sostenidas sobre programas para el control de drogas. Pese a la expulsión de la DEA, el Vice Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y la Sección de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de los EE.UU. (NAS) mantienen relaciones de cooperación diaria en el terreno. En octubre de 2011, el Sub-Secretario de Estado para Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, William Brownfield, dijo ante un comité del Congreso:

En Bolivia, los esfuerzos de erradicación son un aspecto destacado de una relación bilateral en ocasiones difícil y, de hecho, exceden la meta para el año 2010 de 8,000 hectáreas. Estos esfuerzos parecen haber frenado la expansión del cultivo de hoja de coca… Más aún, los estimados elaborados por el gobierno de los EE.UU. muestran en realidad una disminución de 500 hectáreas en relación a la superficie de terreno cultivada con hoja de coca. En Bolivia, la asistencia estadounidense, que incluye apoyo para capacitación y programas caninos, ha dado como resultado la incautación por parte de Bolivia de hoja de coca en una proporción 19 veces mayor a lo que confiscaban hace una década.[44]

La NAS continúa financiando los esfuerzos por controlar las drogas y los cultivos de hoja de coca —aunque con un presupuesto reducido— y coordina con el gobierno boliviano de manera diaria. El 15 de julio de 2012, el Chargé d’Affaires John Creamer[45] confirmó que, pese a rumores contrarios, “la NAS se queda…La misión de la NAS está cambiando en función de la nacionalización de la lucha antidrogas del Gobierno boliviano, iniciativa que es bienvenida por nuestro lado porque ahora ésa es parte de nuestra política en toda la región..Por eso estamos aprobando menos financiamiento en gastos de operación y más énfasis en capacitación”.

Un acuerdo marco que formalmente renovó las relaciones bilaterales fue suscrito en noviembre de 2011, y los gobiernos anunciaron su intención de reponer a sus embajadores. Aunque desde ese momento ambos países han reiterado este punto, no resulta claro cuánto tiempo tomará este proceso (e incluso después que el gobierno de los EE.UU. anuncie un candidato para el puesto, podrían ocurrir significativos retrasos en el proceso de confirmación por el Senado de los EE.UU.). El acuerdo marco incluye un diálogo recurrente sobre políticas de drogas. En enero de 2012, Bolivia, Brasil y los EE.UU. suscribieron un acuerdo trilateral para el monitoreo de los cultivos de coca. En la Cumbre de las Américas de 2012, el Presidente Obama señaló: “El reciente acuerdo entre los EE.UU., Brasil y Bolivia para perseguir el (excedente del) cultivo de coca en Bolivia, es el tipo de colaboración que necesitamos”.[46]

La asistencia económica hacia Bolivia ha declinado de manera sostenida desde que Presidente Morales asumió el cargo. Ello se debe en gran medida a recortes presupuestales en general; a la estridente oposición por parte de miembros republicanos clave en el Congreso hacia la relación de Morales con el Presidente venezolano Hugo Chávez, así como con Raúl Castro en Cuba; y como protesta por la expulsión de la DEA. Ello no obstante, desde el punto de vista del gobierno boliviano, menos asistencia es mejor que más asistencia pero con condicionamientos. Tal como lo señaló el Ministro de Relaciones Exteriores Choquehuanca: “Queremos tener buenas relaciones con todos los países. Pero relaciones basadas en el respeto. He encontrado entendimiento en los Estados Unidos. No somos temerosos de los Estados Unidos como lo eran gobiernos anteriores. Somos un país pequeño, pero con dignidad”. Choquehuanca concluyó que la comprensión sobre la situación en Bolivia por parte de algunos funcionarios del gobierno de los EE.UU. es lo que permitió la firma de un acuerdo marco basado en el “mutuo respeto”, añadiendo: “Preferimos tener buenas relaciones sin asistencia económica que asistencia económica cuya utilización es dictada por los Estados Unidos”.[47]

 

Fuente: Informes de Asuntos Internacionales de los EE.UU. sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) vía Just the Facts.

 

Dos temas en particular, sin embargo, han provocado una tensión significativa sobre las relaciones bilaterales. La continuación de la “descertificación” unilateral sobre control de drogas de los EE.UU. (previamente llamada “certificación”)—mediante la cual los Estados Unidos juzgan cuáles países están cumpliendo de manera efectiva sus obligaciones internacionales sobre  control de drogas—es ampliamente criticada a lo largo de América Latina, erosionando más aún la credibilidad de los EE.UU. en una región que ahora cuestiona abiertamente el paradigma prevalente de políticas sobre drogas. La administración Obama ha continuado la práctica de su predecesor de otorgar una calificación negativa a Bolivia (junto con Venezuela y Birmania) durante el mes de septiembre cada año. Ello no obstante, en el caso de Bolivia, los numerosos errores e inexactitudes—particularmente evidentes en la determinación correspondiente al año 2012—dan la impresión de que la decisión está basada en motivaciones políticas antes que en una cabal apreciación de los esfuerzos sobre control de drogas en el terreno. Por ejemplo, la decisión del 2012 determinaba que la ONUDD había reportado un ligero incremento en el cultivo de coca en 2011, cuando de hecho tres días más tarde la ONUDD anunció que se había producido una disminución del 12 por ciento en este rubro. En el documento los EE.UU. también aseveraba que “Bolivia sigue siendo uno de los más grandes productores mundiales de hoja de coca para elaborar cocaína y otros productos ilegales”. Tal como se ha señalado anteriormente, el cultivo de coca en Bolivia es significativamente menor que en Colombia o el Perú (juntos, éstos son los tres únicos países que producen y exportan cantidades significativas de coca), particularmente cuando se toma en cuenta la hoja de coca usada para fines legales.

La resolución de la Casa Blanca fechada el 14 de septiembre, concluye que Bolivia ha “fracasado de manera manifiesta durante los 12 meses anteriores en cumplir [sus] obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales sobre estupefacientes”, basando esta aseveración en una desestimación de los logros obtenidos a través de una disminución de los cultivos de hoja de coca, y lo que parece ser una exageración de los estimados de producción potencial de cocaína.[48] La falta de transparencia sobre cómo los funcionarios del gobierno de los EE.UU. calculan los estimados de producción de cocaína, tal como se describió anteriormente, en combinación con la disputa respecto a que Bolivia esté produciendo más cocaína que Colombia—pese a contar con mucho menos territorio cultivado con coca que Colombia o el Perú—erosiona más aún la credibilidad de los EE.UU. en Bolivia. Más aún, el gobierno boliviano nota con ironía que cada año el Perú recibe elogios de Washington, pese a los significativos y sostenidos incrementos tanto en el cultivo de hoja de coca como en los estimados de producción potencial de cocaína en dicho país.

 


Bolivia y la Convención Única de 1961 sobre Drogas Estupefacientes

Otro punto de controversia en las relaciones bilaterales es la oposición por parte de los EE.UU. a la readmisión de Bolivia en la Convención Única de 1961 sobre Drogas Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972. Bolivia está tratando de reconciliar su nueva constitución con sus compromisos internacionales. El Artículo 384 de la Constitución de 2009 declara: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

La Constitución faculta un período de cuatro años para que el gobierno denunci[ará] y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

De ahí que, en junio de 2011, el país denunció la Convención Única de 1961 y anunció su intención de re-acceder a ella con una reserva que permita el consumo tradicional de la hoja de coca. A menos que más de un tercio de los Estados Miembros de la ONU lo objeten hasta la fecha límite del 10 de enero de 2013, la reserva boliviana será aceptada y este país será una vez más Miembro Pleno de la Convención Única.

La carta formal de objeción del gobierno de los Estados Unidos, fechada en julio de  2012, declara:

Los Estados Unidos consideran que la Convención es una de las piedras angulares de los esfuerzos internacionales para prevenir la producción, fabricación, tráfico y abuso de drogas ilícitas, al mismo tiempo que garantiza que éstas estén disponibles para fines médicos y científicos. Los Estados Unidos declaran su preocupación de que la reserva boliviana pueda conllevar a una mayor oferta de coca disponible y, como resultado, haya más cocaína disponible para el mercado global de la cocaína, alimentando más aún el tráfico de estupefacientes y las actividades criminales relacionadas en Bolivia y en los países ubicados en la ruta del tráfico de cocaína.[49]

Pero al perseguir la reserva, Bolivia ha venido siguiendo lineamientos establecidos por la Convención. Bolivia también emprendió esta acción luego de intentar enmendar la Convención Única mediante la eliminación de su disposición que forzaba “la abolición del masticado de hoja de coca” al cabo de 25 años (Artículo 49). El gobierno de los EE.UU. lideró la oposición a esta enmienda, pese a que es bastante evidente que la eliminación del masticado de la coca no es factible y que la práctica es ampliamente aceptada en muchos sectores, en Bolivia y en otros países. En contraste a ello, en relación al intento por parte de Bolivia para re-acceder a la Convención Única con una reserva, las autoridades estadounidenses sostienen que no están organizando una oposición a las acciones de Bolivia y que no esperan que más de un tercio de los Estados Miembros de las NN.UU. la objeten. Al momento de redactar este documento, únicamente los gobiernos de los EE.UU., el Reino Unido e Italia habían presentado una objeción formal, aunque otros países han indicado que lo harían también.

El gobierno boliviano se muestra optimista de que retornarán a la Convención en enero de 2013. El Ministro de Relaciones Exteriores Choquehuanca realizó una visita a países europeos en octubre de 2012 para exponer el caso de su gobierno. Según el Vice Ministro de la Coca Dionicio Núñez, “La campaña internacional ha sido exitosa. Estamos optimistas de que podremos retornar a la convención”.[50] Un punto de fricción al respecto con los gobiernos europeos es la publicación de un estudio financiado por la UE sobre los usos tradicionales de la coca, el cual se propone brindar la línea de base sobre cuánta coca debe producirse en Bolivia para fines legales. La publicación del estudio está retrasada ya algunos años, pero las autoridades bolivianas han declarado que están culminando algunos componentes complementarios del estudio y que éste será dado a conocer a mediados del año 2013.[51]

El gobierno boliviano registró un logro diplomático en noviembre de 2012 en la Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Cádiz, España. En dicha cumbre, se adoptó un pronunciamiento especial sobre el uso tradicional del masticado de coca, en el cual los presidentes unánimemente declararon:

Conscientes de la importancia de preservar las prácticas ancestrales y culturales de los pueblos indígenas, en el marco del respeto por los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, según instrumentos internacionales… Reconocemos que el uso tradicional del masticado de la hoja de coca (akulliku) constituye una manifestación cultural y ancestral de los pueblos de Bolivia y el Perú, y que ésta debe ser respetada por la comunidad internacional.[52]

En otras palabras, Bolivia cuenta ahora con el tácito apoyo de todos los países de América Latina, así como de España y Portugal, para eliminar el estigma internacional que existe actualmente—y de manera errónea—asociado a la hoja de coca.


Conclusiones

Los críticos de la iniciativa de Bolivia en la ONU. sobre la hoja de coca se ven forzados a considerar las inquietudes planteadas en el precedente establecido de permitir a un país re-acceder a la Convención Única de 1961 con una reserva, respecto a las implicancias del retiro permanente de Bolivia del sistema internacional para el control de las drogas. Los acérrimos defensores de las convenciones temen que permitir a Bolivia reingresar a la Convención Única con una reserva en apoyo de los usos tradicionales de la hoja de coca podría potencialmente abrir una Caja de Pandora, y que otros países propondrían cambios que cuestionen los fundamentos de los tratados actuales. Ello no obstante, el régimen internacional para el control de las drogas que cuenta con una antigüedad de 51 años, debe demostrar que puede adaptarse y ajustarse a las dinámicas cambiantes del tráfico de drogas. La inclusión de la hoja de coca en la Convención de 1961 constituyó un error histórico cuya corrección se ha hecho esperar demasiado tiempo. Más aún, sin importar si Bolivia retorna o no a la Convención Única, el cultivo de la coca continuará en Bolivia, y las convenciones de las NN.UU. deben adaptarse para alinearse con tal realidad.

El gobierno boliviano ha manifestado su intención de continuar coordinando con el gobierno de los EE.UU, la Unión Europea y los países vecinos en materia de control de drogas, y ha reducido significativamente los niveles generales del cultivo de coca, así como incrementado las incautaciones de drogas, entre otras acciones.. En otras palabras, Bolivia claramente desea continuar jugando con las reglas establecidas para abordar el tráfico ilícito de drogas.

En efecto, el gobierno boliviano ha hecho significativos avances contra los continuos desafíos de la producción y tráfico de drogas, en parte debido a la asistencia proporcionada por la UE, los Estados Unidos y otros actores. El gobierno de los EE.UU. debe reconocer ahora estos avances en sus
“certificaciones” anuales. La serie de determinaciones negativas está cada vez más desconectada de la realidad en Bolivia, El gobierno boliviano y otros gobiernos de la región lo ven con poca credibilidad, los cuales siguen considerando las calificaciones anuales de los EE.UU. como un mecanismo ofensivo y políticamente motivado. En esa misma línea, las estadísticas sobre producción potencial de cocaína, presentadas por el gobierno de los EE.UU. en la decisión de “descertificación” del año pasado, fueron recibidas con rechazo en Bolivia. Dadas las continuas dudas sobre la confiabilidad de estos estimados, el gobierno de los EE.UU. debe mostrar transparencia sobre cómo exactamente realiza tales cálculos.

La firma del acuerdo marco supuso un significativo avance en las relaciones bilaterales entre los EE.UU. y Bolivia. Ambos gobiernos deben consolidar tal éxito empleando el acuerdo como un espacio para debatir áreas de preocupación, fricción y consenso. Aunque sin duda surgirán diferencias, mantener un diálogo abierto sirve a los mejores intereses de ambos países.

Bolivia enfrenta retos relacionados a la producción y el tráfico de drogas. Aunque el gobierno cuenta con una estrategia nacional innovadora para abordar tales desafíos, la creciente militarización de sus fronteras y la propuesta de interdicción aérea plantean una serie de inquietudes. Más aún, el continuo crecimiento del consumo regional y global de cocaína significa que no se puede y no se debe esperar que Bolivia resuelva los problemas asociados a la producción y tráfico de cocaína, incluso dentro de sus propias fronteras. Los esfuerzos de Bolivia deben llevarse a cabo simultáneamente con estrategias efectivas para la reducción de la demanda internacional, para contener y eventualmente reducir el mercado global de cocaína.

 

Kathryn Ledebur es Directora de la Red Andina de Información (RAI) con sede en Cochabamba, Bolivia. Coletta A. Youngers es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El Coordinador Principal de WOLA John M. Walsh, el Asistente de Programa de WOLA Adam Schaffer, y la Asistente de Programas de la RAI Jessica Robinson, también contribuyeron a elaborar este informe.

Este informe fue posible gracias al generoso apoyo de las Fundaciones Open Society.

 


[1] Morales ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2005 con el 53.7 por ciento del voto popular. Fue reelegido en diciembre de 2009.

[2] La Casa Blanca. Resolución Presidencial de la Casa Blanca: Memorándum de Justificación para Países Principales en Relación al Tránsito de Drogas o la Producción de Drogas Ilícitas, correspondiente al Año Fiscal 2013. Washington, D.C.: 14 de septiembre, 2012.

[4] Una hectárea es aproximadamente 2.5 acres.

[5] Entrevista con las autoras. 28 de septiembre, 2012.

[6]Coletta A. Youngers y Kathryn Ledebur. WOLA y RAI. Washington en el País de las Maravillas. http://www.wola.org/es/comentario/washington_en_el_pais_de_las_maravillas

[7] “La paradoja es que hay menos cocales pero hay más cocaína”, Página Siete, 14 de julio, 2012.

[8] Un cato equivale a 1,600 metros cuadrados, o cerca de un tercio de un acre, en el Chapare, y 2,500 metros cuadrados en las Yungas (donde los agricultores sostienen que el arbusto de coca rinde menos que en el Chapare).

[9]Entrevista con las autoras, 26 de septiembre, 2012.

[10] En la región del Chapare, hay seis sindicatos de cocaleros que forman las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

[11]Entrevista con las autoras, 24 de septiembre, 2012.

[12]Entrevista con las autoras, 26 de septiembre, 2012.

[13] Consultar http://www.mingobierno.gob.bo/pdf/vicemindefsocial.pdf para obtener mayor información.

[14] Entrevista de las autoras con Nicolaus Hansmann, Attaché de la Sección de Cooperación de la Unión Europea en Bolivia, 28 de septiembre, 2012.

[15] Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivo de Coca,19 de septiembre, 2011, 47.

[16] Para muchos pequeños agricultores, la coca es aún la única fuente de ingreso de la familia.

[17] USAID informó estar apoyando el cultivo de 39,834 hectáreas de cultivos alternativos y la creación de 22,386 puestos de trabajo en Bolivia durante los años 2006 al 2010. Al momento en que se redacta este informe, los resultados de USAID correspondiente al año fiscal 2011 aún no han sido finalizados. Consultar Oficina de Fiscalización del Gobierno de los EE.UU. (GAO). Counterdrug Assistance: U.S. Agencies Have Allotted Billions in Andean Countries, but DOD Should Improve its Reporting of Results [Asistencia Antidrogas: Agencias de los EE.UU. Han Asignado Miles de Millones en Países Andinos, pero el Departamento de Defensa Debe Mejorar sus Informes sobre resultados], GAO-12-824, junio de 2012. 17.

[18]Entrevista con las autoras, 24 de septiembre, 2012.

[19]Entrevista con las autoras, 24 de septiembre, 2012.

[20] Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivo de Coca. 19 de septiembre, 2012, 5.

[22] Tal como se ha señalado antes, en las Yungas el cato se mide como 2,500 metros cuadrados, o un cuarto de hectárea, en lugar de los 1,600 metros cuadrados que le corresponden en el Chapare, donde el rendimiento de la tierra es mayor.

[23] Entrevista de las autoras con Dionicio Núñez, 27 de septiembre, 2012.

[24] Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivo de Coca, 19 de septiembre, 2012. 5.

[25] “FELCN y FTC inician operativos en Cocapata”, Los Tiempos, 14 de noviembre, 2012. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20121115/felcn-y-ftc-inician-operativos-en-cocapata_192426_409446.html

[26]Entrevista con las autoras, 27 de septiembre, 2012.

[27] Entrevista con las autoras, 27 de septiembre, 2012, con el Coronel Quezada, Director de la Fuerza Especial para Luchar contra el Narcotráfico, FELCN, entidad policial boliviana encargada del control de drogas.

[28]Entrevista de las autoras con Nicolaus Hansmann, 27 de septiembre, 2012.

[29]Entrevista de las autoras con Nicolaus Hansmann, 27 de septiembre, 2012.

[30]Entrevista de las autoras, 27 de septiembre, 2012.

[32] “Brasil espera una respuesta boliviana sobre acción militar”, La Razón, 30 de abril, 2012; “Bolivia refuerza control militar en la frontera donde lincharon a brasileño”, EFE, 18 de agosto, 2012; y “Brasil cierra su frontera con Bolivia por supuestos excesos”, El Diario, 26 de noviembre, 2012.

[33]“Bolivia, Brasil y Perú proyectan crear un fondo para la lucha antidroga con dineros de la extinción de bienes,” La Razón, 14 de noviembre, 2012.http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Bolivia-Brasil-Peru-extincion-antidroga_0_1724827563.html

[34] Instituto Transnacional. “Air Bridge Denial:  El éxito de un fracaso”. 17 de noviembre, 2005. http://www.tni.org/es/article/air-bridge-denial-el-exito-de-un-fracaso

[35] “Empresa aeronáutica diseña vigilancia para frontera brasileña con Paraguay y Bolivia”, La Razón, 26 de noviembre, 2012. http://www.la-razon.com/mundo/Empresa-aeronautica-vigilancia-Paraguay-Bolivia_0_1731426897.html

[36] “Los estimados de la ONU y los EE.UU. sobre Producción de Cocaína se Contradicen Mutuamente”. Just the Facts [Simplemente los Hechos]. 31 de julio, 2012. http://justf.org/blog/1?page=1

[37] “La hoja de coca excedente es derivada a la producción de clorhidrato de cocaína. En combinación con métodos de procesamiento mejorados, el gobierno de los Estados Unidos estima que el potencial de producción de clorhidrato de cocaína en Bolivia se incrementó durante 2008 en un 50 por ciento, a 195 toneladas métricas”. Departamento de Estado de los EE.UU. Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley. Informe de Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes correspondiente al año 2010, 1 de marzo, 2010. http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2010/vol1/137190.htm.

[38] Agradecimiento especial a Jeremy Bigwood por proporcionar documentación sobre la Operación Irrupción.

[39] “Empleando una técnica de pisotear las hojas en un pozo de agua, los ‘químicos’ tanto del Perú como de Bolivia fueron capaces de extraer cerca del 45 por ciento del alcaloide de la cocaína de la hoja… Quienes procesan la pasta básica de cocaína en Colombia emplean un método de producción completamente diferente… resulta razonable que los ‘químicos’ colombianos puedan extraer hasta 70 por ciento del alcaloide de cocaína de la hoja”. DCI Centro contra el Delito y Estupefacientes, y Agencia Antidrogas de los EE.UU. Colombia: Coca Cultivation and Preliminary Results from Operation Breakthrough [Colombia: Cultivo de Hoja de Coca y Resultados Preliminares de la Operación Irrupción], mayo de 2000, 8. http://www.drugpolicy.org/docUploads/bigwood_coca_op_breakthrough.pdf .

[40] Informe de Inteligencia de la Agencia Antidrogas de los EE.UU. Operation Breakthrough: Coca Cultivation & Cocaine Base Production in Bolivia [Operación Irrupción: Cultivo de Coca y Producción de Pasta Básica de Cocaína en Bolivia], julio de 1994, DEA-94032, 1.

[41]  Íbid.16.

[42] Informe de Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes: Bolivia, 7 de marzo, 2012.

[43] Entrevista de las autoras con César Guedes. 28 de septiembre, 2012.

[44] Testimonio del Embajador William R. Brownfield, Sub-Secretario de Estado, Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, en la audiencia “A Shared Responsibility: Counternarcotics and Citizen Security in the Americas” [Una Responsabilidad Compartida: El Sistema Antidrogas y la Seguridad Ciudadana en las Américas] sobre el Hemisferio Occidental, los Cuerpos de Paz y Asuntos Globales sobre Drogas, ante el Sub-Comité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 31 de marzo, 2011.

[45] “La paradoja es que hay menos cocales pero hay más cocaína,” Página Siete, 14 de julio, 2012.

[46] Williams Farfán. “Obama destaca el pacto antidrogas con Bolivia y Brasil,” La Razón, 14 de abril, 2012. http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Obama-destaca-antidrogas-Bolivia-Brasil_0_1595840433.html

[47] Entrevista con las autoras, 28 de septiembre, 2012.

[49] Secretaría General de las Naciones Unidas. United States Of America: Objection To The Reservation Contained In The Communication By The Plurinational State Of Bolivia [Estados Unidos de América: Objeción a la Reserva Contenida en la Comunicación Planteada por el Estado Plurinacional de Bolivia], 3 de julio, 2012. Referencia: C.N.361.2012.TREATIES-VI.18.

[50] Entrevista con las autoras, 27 de septiembre, 2012.

[51] “Difundirán en mayo estudio de la coca, base de futura ley antidrogas,” Los Tiempos, 26 de noviembre,2012. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20121126/difundiran-en-mayo-estudio-de-la-coca-base-de-futura-ley_193581_412158.html

[52] Traducción de las autoras del original en español.

Washington en el País de las Maravillas: Los EE.UU. Critican Severamente Esfuerzos de Bolivia por Controlar las Drogas, que Son Alabados por las ONU

 

Escrito por Kathryn Ledebur, Directora de la Red Andina de Información (AIN, siglas en inglés)

y Coletta A. Youngers, Asesora Principal de WOLA

Los críticos literarios citan Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas como uno de los mejores ejemplos del género “literatura del absurdo”. El intento por parte del gobierno de los Estados Unidos por calificar como un retroceso a los avances logrados por Bolivia en cuanto al control de drogas, constituye un vívido ejemplo del sinsentido de las políticas de drogas de Washington. La determinación emitida el 14 de septiembre de 2012 por parte de la Casa Blanca, concluye que Bolivia, “durante los 12 meses anteriores, ha incumplido de manera manifiesta con las obligaciones contenidas en acuerdos internacionales sobre estupefacientes”, basando sus argumentos en una interpretación errónea de la disminución del cultivo de hoja de coca, y en lo que parecen ser proyecciones totalmente exageradas de la producción potencial de cocaína. La falta de transparencia sobre la manera en que las autoridades estadounidenses calculan los estimados de producción de cocaína, combinada con la afirmación de que Bolivia está produciendo más cocaína que Colombia —pese a contar con un territorio ocupado por cocales mucho menor que Colombia o el Perú— socava más aún la credibilidad de los EE.UU., y aliena a Washington en una región que demanda un debate abierto y honesto sobre alternativas de políticas sobre drogas.

 

La descalificación de Bolivia por parte del gobierno de los EE.UU., contrasta marcadamente con el Estudio sobre el Monitoreo de Cultivos de Coca 2011 emitido por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y el Delito (ONUDD)e del 17 de septiembre de 2012. Según las NN.UU., los cultivos de coca en Bolivia se redujeron a 27,200 hectáreas[1] en 2011, de un total de 31,000 hectáreas en 2010 –una reducción del 12 por ciento. El informe señala que los cultivos de coca disminuyeron en todas las regiones cocaleras importantes en el país, llevando el área total cultivada de cocales a un nivel cercano al que estaba vigente en el año 2005. Las NN.UU. atribuyen esta “significativa” disminución a un “efectivo control” a través de la racionalización y la erradicación de cultivos. Las NN.UU. también reportan un incremento superior al 25 por ciento en el número de hectáreas de coca eliminadas, así como una significativa reducción del 13 por ciento en el rendimiento de hoja de coca, disminuyendo a 48,100 toneladas métricas en 2011, de un volumen de 55,500 toneladas métricas en 2010.

 

Es llamativo que el gobierno de los EE.UU. reportó una disminución del 13 por ciento en los cultivos de hoja de coca en Bolivia. La determinación presidencial sostiene: “El cálculo realizado por el gobierno de los EE.UU. sobre cultivos de coca en Bolivia para 2011, del orden de 30,000 hectáreas, fue ligeramente menor que el estimado correspondiente al año 2010, de 34,500 hectáreas”. ¿Ligeramente menor? El Informe de Estrategia para Control Internacional de Estupefacientes (INCSR, siglas en inglés), publicado por el Departamento de Estado de los EE.UU. en marzo de 2012, calificaba como “ligera” la reducción de 500 hectáreas entre los años 2009 y 2010. Sin embargo, una reducción nueve veces mayor merece la misma descripción. Lo que es más, en una entrevista concedida en julio de 2012, el Chargé d’Affaires de la Embajada de los EE.UU. en Bolivia, John Creamer, declaró que “en 2010 y 2011 hemos visto una reducción neta impresionante en el número de hectáreas de coca”.[2]

 

Las afirmaciones patentemente falsas de la determinación emitida por el gobierno de los EE.UU., incluyen lo siguiente: “La Oficina de las NN.UU. sobre Drogas y el Delito calculaba la existencia de 31,100 hectáreas de cultivos para 2011, un ligero incremento sobre su estimado para 2010, correspondiente a 30,900 hectáreas”. Sin embargo, tres días más tarde, los estimados de las NN.UU. contradecían tajantemente la determinación de los EE.UU. La falsa afirmación de que las NN.UU. reportaron un incremento de los cultivos sirvió para ayudar a justificar la siguiente declaración contenida en la determinación: “Aunque Bolivia aún no ha revertido los incrementos netos en cultivos de coca de los últimos años, tal parece que la producción se ha estabilizado”. De hecho, los propios estimados del gobierno estadounidense mostraban una reducción neta durante dos años consecutivos. Ello, combinado con una disminución de 13 por ciento de un año al siguiente, difícilmente puede caracterizarse como “estabilización” de la producción.

 

Socavando aún más la credibilidad de los EE.UU., la determinación presidencial afirma que “Bolivia sigue siendo uno de los mayores productores mundiales de coca para la cocaína y otros productos de drogas ilegales”. De hecho, de los tres países que cuentan con niveles medibles de cultivo de coca, Bolivia es el menor productor de hoja de coca empleada para producir cocaína. Según los estimados del propio gobierno de los EE.UU., Bolivia contaba con 30,000 hectáreas de cultivos de coca. La ley boliviana destina 12,000 hectáreas para consumo tradicional y legal, lo cual deja 18,000 hectáreas para el mercado ilícito.[3] En contraste, con 83,000 hectáreas en 2011, Colombia proporciona más de cuatro veces ese volumen de coca al mercado ilegal. Aunque el otro país productor de coca, Perú, también muestra un significativo consumo tradicional, su producción de coca es también casi dos veces mayor que la de Bolivia.[4] Los otros “productos ilegales de drogas” a los cuales se refiere Washington, continúan siendo un misterio.

 

 

Como resultado de una efectiva estrategia de monitoreo de los cultivos de coca —la cual se beneficia de la cooperación proveniente de los agricultores cocaleros— los estimados del gobierno estadounidense y de las NN.UU. sobre cultivos de coca en Bolivia convergen, en contraposición a lo que ocurre con los estimados para los otros países. Dada la eficiencia de los sistemas de monitoreo empleados en Bolivia, es difícil manipular el cálculo de las áreas donde se cultiva la coca. Pero tal no es el caso con los cálculos referidos a la producción potencial de cocaína. Aunque desde hace mucho tiempo Washington ha postulado que la erradicación de los cultivos de coca es el principal indicador de “éxito” en las acciones para el control de drogas en Bolivia, no hace mucho la Oficina sobre Políticas Nacionales para el Control de Drogas (ONDCP) de los EE.UU. empezó a plantear la idea de que “la medición importante no se refiere a los cultivos. Se trata del potencial de producción —la cantidad de cocaína que puede producirse del cultivo de la hoja coca; ésa es la medición importante”.

 

Aún cuando el área que ocupan los cultivos de hoja de coca ha disminuido, el gobierno de los EE.UU. anunció un increíble incremento de la producción potencial de cocaína en Bolivia, que se eleva de un volumen estimado de 195 toneladas métricas –nivel que se mantuvo estable desde 2008 hasta  2010— a 265 toneladas métricas. (La ONUDD no proporcionó información alguna sobre producción potencial de cocaína en su informe más reciente sobre Bolivia). En otras palabras, incluso con la reducción de las hectáreas de cultivos de coca, estimada por los EE.UU. en un 13 por ciento, y la disminución de un 13 por ciento en el rendimiento de hoja de coca reportada por las NN.UU., el gobierno de los EE.UU. afirma que la producción potencial de cocaína se incrementó en 36 por ciento. Según cálculos realizados por Adam Isacson, Coordinador Principal del Programa de Políticas de Seguridad Regional de WOLA, 265 toneladas métricas de cocaína procedentes de 30,000 hectáreas cultivadas de cocales, representan un sorprendente coeficiente de producción de 8.83 kilogramos de cocaína por hectárea de cultivo de hoja de coca, en marcado contraste con la situación en Colombia, donde la información del gobierno estadounidense muestra una producción de 2.70 kilogramos de cocaína por hectárea cultivada de hoja de coca. En otras palabras, ellos sostienen que la hoja de coca boliviana rinde tres veces más cocaína que la hoja de coca colombiana. (Dado que un alto porcentaje de la producción de hoja de coca en Bolivia está destinada a fines tradicionales y legales, la tasa de conversión coca-cocaína atribuida por los estimados del gobierno estadounidense resulta aún más exorbitante)[5]. El gobierno estadounidense sostiene que la cantidad de cocaína producida en Colombia disminuyó en un 25 por ciento entre 2010 y 2011, de 270 a 195 toneladas métricas. En contraposición, las NN.UU. calculaban la producción potencial de cocaína en Colombia en un formidable volumen de 345 toneladas métricas para el año 2011, empleando información del gobierno de los EE.UU. para la conversión de pasta a cocaína[6].

 

El gobierno de los EE.UU. sostiene que el incremento de la producción potencial de cocaína en Bolivia se debe a métodos de procesamiento más eficientes (irónicamente, los mismos métodos empleados en Colombia) y a la creciente madurez de los cultivos existentes, que contribuyen a un mayor rendimiento productivo. Incluso si tal fuera el caso, ello difícilmente explicaría un incremento tan dramático. Más aún: hace apenas seis meses, el gobierno de los EE.UU. afirmaba que no había podido llevar a cabo estudios para determinar el rendimiento de la hoja de coca en Bolivia, realizados anteriormente por la Agencia Antidrogas (DEA, siglas en inglés), la cual había sido expulsada del país en noviembre de 2008[7].  Lo que resulta más preocupante es que el gobierno de los EE.UU. no brinda información alguna sobre la manera en que derivan estas estadísticas, alentando acusaciones de que las cifras simplemente han sido fabricadas para cumplir con fines políticos del gobierno.

 

Pese a la severa condena por parte de Washington hacia el gobierno boliviano, contenida en la determinación presidencial del año 2012, la cooperación antidrogas entre ambos países continúa. De hecho, desde la determinación emitida en 2011, los EE.UU. y Bolivia han suscrito un acuerdo marco bilateral, así como un Memorándum de Entendimiento trilateral, incluyendo a Brasil. En efecto, tal como se señala en la página web de la Embajada de los EE.UU. en Bolivia, “el Presidente Obama dijo durante la Cumbre de las Américas que el acuerdo entre los EE.UU., Bolivia y Brasil para rastrear los cultivos de coca en Bolivia, es el tipo de cooperación regional que necesitamos”.

 

La decisión de la Administración Obama, durante un año electoral, de denunciar una vez más a Bolivia como un socio insatisfactorio en cuanto a control de drogas —pese a clara evidencia de lo contrario— puede no resultar sorprendente. El proceso de “certificación” sobre drogas ha sido desde hace mucho tiempo censurado y ridiculizado en América Latina, caracterizándolo como un ejercicio altamente politizado mediante el cual los Estados Unidos afirman unilateralmente su autoridad para emitir juicios sobre otros países. El flagrante desdén mostrado por los hechos que se evidencian en esta reciente determinación sobre Bolivia, sólo puede profundizar la opinión generalizada en la región de que los funcionarios a cargo de políticas sobre drogas en Washington viven desconectados de la realidad, y que están tejiendo su propia versión de las Aventuras en el País de las Maravillas.

 

La AIN y WOLA realizarán una visita de investigación al Chapare en Bolivia durante la próxima semana y elaborarán un informe más detallado sobre este tema.


[1] Una hectárea equivale aproximadamente a 2.5 acres.

[3] El gobierno boliviano ha establecido un tope de 20,000 hectáreas para la producción legal de hoja de coca.

[4] Según las estadísticas del gobierno estadounidense, los cultivos de coca en el Perú ocupaban una extensión de 53,000 hectáreas en 2010. No se han publicado estimados de los EE.UU. sobre cultivos de coca en el Perú para el año 2011.

[5] Los estimados del gobierno de los EE.UU. sobre producción hoja de coca, cocaína, marihuana, opio y heroína son estimados potenciales; es decir, se asume que toda la coca, marihuana y amapola cultivadas son cosechadas y procesadas para destinarlas a la producción de drogas ilegales. Éste puede ser un supuesto razonable para calcular la producción potencial en Colombia. En Bolivia y el Perú, sin embargo, los estimados del gobierno de los EE.UU. sobre la producción potencial de cocaína son sobreestimados hasta un grado desconocido, dado que una cantidad significativa de hoja de coca es masticada y empleada en productos como el mate de coca. Informe de Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes, “Metodología para Estimados del Gobierno de los EE.UU. sobre Producción de Drogas Ilegales”, 7 de marzo de 2012.

Bolivia pide a Coca Cola retirar nombre

Published in Tiempos del Mundo

LA PAZ – Una comisión de la Asamblea Constituyente de Bolivia resolvió pedir a la transnacional Coca Cola retirar de su gaseosa en todo el mundo el nombre de ''la hoja sagrada'' andina.

''La hoja de coca es un patrimonio cultural y vamos a pedir que se retire el nombre de la coca de lo que es la Coca Cola. En realidad ellos (la transnacional) se benefician hasta con el nombre de la coca'', informó a la AP el asambleísta, Severo Huanca, también dirigente de los cocaleros.

La resolución fue aprobada por la comisión de la Coca. También ha sugerido a la Asamblea Constituyente que la planta sea declarada en la nueva constitución como patrimonio cultural y ''recurso natural, económico, renovable y estratégico''.

Margarita Terán, presidenta de esa comisión y conocida líder de los cocaleros, dijo que una vez que la nueva constitución sea aprobada –probablemente hasta fin de año– el gobierno deberá emprender una campaña internacional para ''revalorizar la coca'' y lograr que la ONU la excluya de una lista de sustancias prohibidas.

Los cocaleros sostienen que la coca en su estado natural no es un alucinógeno y defienden sus propiedades terapéuticas. Los campesinos y mineros bolivianos suelen masticar la hoja para neutralizar la sensación de hambre y despejar el cansancio. También tiene usos rituales en ceremonias andinas.

La resolución fue aprobada el miércoles por líderes, productores y comercializadores de coca, casi todos ellos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales que aún mantiene su cargo de máximo dirigente de los sindicatos cocaleros del Chapare, en el centro de Bolivia.

''Si está bien para la Coca Cola, debe ser bien para el resto de mundo", opinó Kathryn Ledebur, directora del Red de Información Andina, una ONG que monitorea la guerra contra el narcotráfico en Bolivia. ''Y si no está bien para el resto del mundo, deben quitarla de Coca Cola'', agregó en declaraciones a la AP.

La misma comisión de constituyentes ha sugerido retirar del escudo nacional el laurel y el olivo para sustituirlos por la coca, pero la propuesta no halla consenso en el oficialismo.

Morales sugirió en enero incrementar la coca legal de 12.000 a 20.000 hectáreas, lo que no es del agrado del gobierno estadounidense que financia la erradicación de la coca excedente que asegura va a la fabricación de cocaína.

El mandatario también impulsa un plan para industrializar la planta con apoyo financiero de Venezuela.

Al margen de las 12.000 hectáreas de coca legales, hay otras 14.000 hectáreas ilegales. TDM/AP

Bolivia cuestiona recorte de ayuda antidroga de EEUU

"No es sólo un recorte a Bolivia sino a varios países de la región, pero
debería haber más recursos (financieros) a la interdicción de drogas", dijo
el martes el vicepresidente Alvaro García.

"El gobierno boliviano hace esfuerzos extraordinarios contra el
narcotráfico", agregó.

Bush disminuyó la ayuda contra las drogas a Bolivia, Perú y Ecuador; eliminó
la de Venezuela y aumentó la que corresponde a Colombia en su proyecto de
presupuesto 2007-2008 que deberá ser debatido y aprobado por el Congreso,
ahora de mayoría demócrata.

Bolivia sufriría una reducción de 42,57 millones de dólares a 30 millones,
que es el segundo recorte después del aplicado a Perú, mientras que a
Ecuador el recorte propuesto es del 16%, según informó el Departamento de
Estado el lunes.

La ayuda estadounidense antidroga ha caído desde el 2001 de 117,3 millones
de dólares el mayor monto asignado a Bolivia, a 42,6 millones el pasado año.

"La reducción no es un castigo directo al presidente Evo Morales, también
Perú sufrió recortes, pero revela la preferencia de Bush sobre la estrategia
contra las drogas de Colombia", dijo a la AP la analista en la temática,
Katryn Ledebur de Red Andina de Información.

Agregó sin embargo que "el gobierno estadounidense no está cómodo con los
cambios en la lucha antidrogas en Bolivia".

Pero una evaluación a la política de Morales se conocerá en marzo cuando el
Departamento de Estado revele su informe sobre la extensión de los cultivos
de coca que a diciembre de 2005 estaban en 26.500 hectáreas de las cuales
sólo 12.000 son legales y están destinadas a usos alimenticios y
medicinales.

Morales anunció a finales del 2006 su intención de elevar de 12.000 a 20.000
las hectáreas legales y un funcionario suyo anticipó que podría reducirse el
cupo mínimo de erradicación de coca a menos de 5.000 que es lo que fija una
ley boliviana.

La embajada estadounidense en La Paz declaró su desacuerdo con esos planes;
aseguró que más coca en exceso va a la fabricación de cocaína y sospecha que
los cultivos de esa planta han crecido el último año.

Para el gobierno la certificación de Estados Unidos es importante para
lograr la ampliación indefinida de unas preferencias arancelarias de ese
país en favor de Bolivia que finalizarán el 30 de junio.LA PAZ | AP