Tenemos el agrado de anunciar el más reciente número de NACLA (Congreso Norteamericano sobre Latino América) en el que Linda Farthing, una inveterada colaboradora de Red Andina de Información (RAI), hizo de editora invitada. El número se llama Reimaginando la Política de Lucha Contra las Drogas en las Américas e incluye artículos acerca de la actual política de la coca en Bolivia, escritos por la directora de RAI, Kathryn Ledebur, y Linda Farthing, así como por Tom Grisaffi, colaborador de la RAI.
También contiene artículos acerca de los cambios dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico en las Américas, desde Vancouver hasta Montevideo, así como las dimensiones actuales de la situación a lo largo de las Américas. Se halla disponible en inglés a https://nacla.org/edition/10415.
Foto: Productores de coca en Cochabamba, Bolivia, en una protesta para reformar la Convención Única de las Naciones Unidas (Red Andina de Información)
“Tengo un cato, como permite la ley”, explica Juan Mamani, un cocalero de la región semi-tropical de Los Yungas, al este de La Paz.“Tenemos un acuerdo con nuestro presidente, Evo, así que controlamos nuestra coca mejor que nadie en Bolivia.Trabajamos estrechamente como vecinos y miembros del sindicato para asegurarnos que nadie cultive de más.”
Mamani se refiere a un singular modelo de control del cultivo de coca que ha puesto de cabeza muchos de los preceptos básicos de la antigua y fracasada guerra contra el narcotráfico, financiada durante décadas por los EEUU. A fines de 2004, el entonces presidente Carlos Mesa, cansado de las constantes protestas y la represión policial violenta, cedió ante una demanda presentada desde hace años por los cocaleros, y les permitió cultivar una cantidad de hoja de coca que les dejara subsistir, una parcela denominada un cato cuyo tamaño varía entre 1,600 a 2,500 metros cuadrados según la región. El conflicto se redujo casi de inmediato. “Es muy sencillo,” afirma la cocalera, Celestina Ticona.“El cato nos permite alimentar a nuestras familias.”“Compramos nuestro lote y construimos nuestra casita gracias al cato,” agrega Alieta Ortiz, quien trabajó en una radio comunitaria en el Chapare, al este de Cochabamba.
Cuando el cocalero Evo Morales se convirtió en el presidente de Bolivia a principios de 2006, él prometió reafirmar la soberanía nacional, y formalizó el programa del cato de coca, fortaleciendo así su énfasis en la negociación y facilitando la subsistencia de los cocaleros. Alguna vez considerada la nación sudamericana que más dependía de los Estados Unidos, bajo Morales, Bolivia ha rechazado la erradicación forzosa impuesta por los EEUU a favor de una estrategia más humana y, finalmente, más efectiva.
Este nuevo enfoque en la política de lucha contra el narcotráfico, denominado “Coca sí, cocaína no”, reconoce que Bolivia, que se halla en tercer lugar, luego de Perú y Colombia en la producción de la hoja de coca, puede controlar la producción de la droga resultado de la hoja pero nunca la erradicará por completo. Con su énfasis en la participación comunal y el respeto por los derechos humanos, este enfoque sobresale como la primera iniciativa de reducción de daños ejecutado desde el lado de la oferta. El Viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, explica la lógica detrás de la medida:“Hemos decidido dejar de lado las metralletas, las balas y las bombas.Optamos por incluir a las comunidades cocaleras dentro del debate e incluirles en el análisis que crearon nuestras políticas.”
Una nueva constitución adoptada en 2009 reconoce por primera vez los usos tradicionales de la hoja de coca.Poco después, Bolivia presentó una solicitud ante las Naciones Unidas para que ésta emita una reserva que permitiese el cultivo legal de la coca y sus usos lícitos dentro de sus límites territoriales. “Seguimos los lineamientos de las Naciones Unidas para retirarnos de la Convención Única en 2012,” continúa Felipe Cáceres. “En 2013, solicitamos volver a ingresar a ésta pero con respeto por nuestros derechos sociales y culturales.Deseo agradecer a varios gobiernos amigos por dar una oportunidad a Bolivia.No eludimos nuestras obligaciones internacionales. Por el contrario, propusimos una política coherente basada en nuestra constitución nueva que fundamentalmente respete los derechos humanos indígenas.”
El control social del cultivo de la coca es tal vez el elemento más impresionante y exitoso de la nueva serie de políticas. La iniciativa alienta a los cocaleros a ejercer controles internos a través de sus organizaciones sociales para que el cultivo de coca se limite a un cato por familia. “Fue crítico idear un modelo que involucrase los sindicatos campesinos, que son poderosos y muy unidos,” explica el jefe de programa Pedro Ferrano, “uno que redujera la violencia y el conflicto que los campesinos habían sufrido.”La cocalera chapareña Rosena Rodríguez recuerda demasiado bien aquellos tiempos, “Antes, no teníamos derecho y había muchos enfrentamientos, muerte y masacres.Plantábamos coca y ellos la arrancaban.Volvíamos a plantar; ellos volvían a arrancarla.”
El Programa de Apoyo al Control Social de la Coca (PACS), diseñado y lanzado principalmente con financiamiento de la Unión Europea, pone énfasis en los valores culturales, tales como la participación democrática sindical; también privilegia los derechos colectivos por encima de los individuales. Luego de que el programa se iniciara en enero de 2009, durando hasta marzo de 2013, gastó aproximadamente 13 millones de dólares en una campaña de concientización para limitar la producción de la hoja de coca de manera cooperativa, fortaleciendo así la coordinación estado/sindicato y la coordinación entre sindicatos, y entrenando a los secretarios del control de la coca como parte del liderazgo sindical.
El agregado de la Cooperación de la Unión Europea, Nicolaus Hansmann, ha trabajado en la gestión de programas relacionados a la coca desde fines de la década de los noventa. “Gran parte del impacto positivo se debe a tres elementos técnicos,” dice él. “El registro biométrico de los cocaleros (50,000 hasta la fecha), la titulación de tierras (un poco menos de 30,000 hectáreas) y el monitoreo satelital financiado por las Naciones Unidas combinado con el monitoreo de referencias cruzadas del cultivo de la coca. El Censo Agrícola de 2013 y los esfuerzos iniciales para ingresar a los comerciantes de coca con licencia al registro electrónico fortalecen este emprendimiento.”
Entre los campesinos, la motivación para participar en el control social se arraiga en su lealtad hacia Morales – particularmente en el Chapare – y en un respeto profundo por la hoja que ellos consideran sagrada entrelazado estrechamente con la necesidad práctica de contar con un ingreso de subsistencia que resulta del cato. Los productores de coca, ya sea como agentes agrícolas de extensión o inspectores, vice ministros o incluso el mismo presidente, constituyen la gran parte de quienes implementan este programa, lo cual fortalece enormemente un profundo sentido entres los cocaleros de que el programa es bajo control suyo .
El control social comunitario del cultivo de coca comienza cuando el gobierno comparte sus datos de monitoreo con los líderes sindicales locales mediante las oficinas regionales. El secretario del control del cultivo de la hoja de coca u otro líder sindical organiza una comisión para realizar inspecciones in situ de las parcelas de los miembros. Estos comisionados vienen del sindicato mismo, así como de comunidades vecinas. La mayoría de estos cargos son ocupados por hombres, lo que llevó a que PACS financie una delegada mujer en cada federación sindical.Sin embargo, hasta la fecha, la asignación de otros deberes sindicales impidió que las mujeres tengan un rol pleno y activo.
El control cruzado alienta a los sindicatos a presionarse mutuamente y frecuentemente los miembros de las comunidades eliminan rápidamente la coca que excede el cato permitido apenas oyen la llegada de los inspectores sindicales. El cumplimiento es el tema central del debate en la mayoría de las reuniones mensuales de cada federación sindical, donde se llevan a cabo frecuentes reuniones acaloradas acerca del cumplimiento con las disposiciones del cato.Las comunidades que violan el acuerdo frecuentemente se hallan amonestadas incómodamente a través de la estación radial de las federaciones. “Es un golpe en el rostro de tu sindicato,” reconoce un cocalero. El incumplimiento también puede implicar un verdadero precio material, como ser dificultades en el acceso a beneficios municipales así como otros beneficios estatales que pueden ir desde mejoras camineras hasta nuevas escuelas.
Otro nivel de control proviene de La Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico (UDESTRO), dirigida por campesinos, que programa visitas de rutina a las parcelas (con personal limitado; a menudo, esto se lleva a cabo una vez cada dos años) y, si encuentran más de un cato, hacen arreglos para que la Fuerza Especial de Tarea Conjunta, una unidad policial-militar combinada, erradique toda la coca de la familia. Puesto que es prohibido volver a sembrar durante un año, los campesinos se quedan efectivamente sin un ingreso relacionado a la coca por dos años debido al tiempo que los arbustos requieren para madurar.
Desde la elección de Morales en 2006, 88% de toda la coca destruida se efectúa a través de este sistema cooperativo negociado, que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reconoce como la fuerza impulsora detrás de la tasa en constante descenso de cifras de cultivo de hoja de coca. Simultáneamente, la violencia se redujo dramáticamente en el Chapare, región que más sufrió debido a las anteriores políticas financiadas por EEUU.
La erradicación forzosa persiste en parques nacionales y regiones que nunca formaron parte del acuerdo del cato.Las federaciones cooperan activamente para mantener que se reduzca la producción y que ésta se mantenga fuera de las áreas prohibidas, ya que les interesa mantener elevado el precio de la hoja para que el cato pueda generar un ingreso razonable para la subsistencia de sus miembros.
La política actual ofrece a los campesinos participantes una vida libre de violencia estatal, y la inclusión social y los derechos ciudadanos por primera vez. A cambio, los cocaleros se comprometen a seguir un arriesgado sendero económico: un futuro en el que ya no dependan de la coca. En este cambio, la confianza es fundamental, y se basa sobre el respeto mutuo entre los cocaleros y el gobierno, combinándose con componentes prácticos como la titulación de tierras (un proceso que sigue sin concluir), mejorías en la educación, la salud y la infraestructura caminera, así como en la diversificación de los cultivos y su comercialización.Los ingresos derivados del cato alentaron a los campesinos a asumir riesgos con actividades que pueden ir desde el cultivo de la piña hasta la piscicultura. “El cato es como tener una cuenta de ahorros en caso de que algo salga mal,”, dice Eddy Godoy, tesorero de la Federación del Trópico. “Ahora tenemos una verdadera oportunidad para diversificar nuestra producción con ayuda del gobierno.”
Los esfuerzos por incentivar el mercado legal para productos derivados de la coca comenzaron con dificultad y continuaron enfrentando desafíos, pero en 2011, se inauguró una fábrica que realizaba artículos que iban desde panetones navideños hasta licor de coca. En Los Yungas, dos fábricas revitalizadas que datan de 1980 fabrican mate de coca embolsado y harina de hornear. Pero la demanda local se halla limitada y el experto Karl Hoffman se preocupa:“Sin legalización internacional de la hoja de coca, el mercado es simplemente demasiado pequeño.”Si bien la victoria de 2012 sobre la convención de las Naciones Unidas incentivó la promoción de coca cultivada orgánicamente en Los Yungas y el Chapare, hasta la fecha, no existe un acuerdo internacional para exportar la hoja de la coca como otra cosa que no sea agente saborizante.
En noviembre de 2013, el gobierno emitió un estudio muy esperado, financiado por la Unión Europea, acerca de la demanda doméstica lícita. El informe identificó que se precisan 14,700 hectáreas de coca para satisfacer la demanda local de un poco más de 3 millones de consumidores. “El gobierno comprará la diferencia entre esta cantidad destinada al consumo local y las 20,000 hectáreas que reconocimos en 2007 como necesarias para mantener la paz social en las regiones dedicadas al cultivo de la coca,” explica Director Administrativo del Viceministro de Defensa Social, Humberto Fuentes. “Utilizaremos la diferencia de 5,300 hectáreas para productos alternativos a la coca.Cualquier excedente será destruido.”
El control social del cultivo de la coca no está diseñado para detener el narcotráfico, ya que los precios, la demanda y disponibilidad de la cocaína son determinadas por fuerzas que se hallan más allá de las fronteras de Bolivia. Casi la mitad de la pasta base de cocaína y la cocaína refinada en polvo decomisada en Bolivia se infiltra desde el Perú, atravesando 1000 kilómetros de territorio escasamente poblado y monitoreado. La administración de Morales ha perseguido agresivamente el tráfico de pasta base y cocaína refinada, obteniendo cifras récord de confiscaciones a lo largo de los últimos años. Hasta la fecha, se opone firmemente a la descriminalización o legalización de las drogas.
El Perú todavía sigue con la erradicación forzada financiada por EEUU y la divergencia de la orientación actual de Bolivia no podría ser más notoria. “La erradicación forzada puede ser el catalizador que impulsa la violencia y el conflicto social entre los pueblos quechua y mestizos, quienes siguen sufriendo el trauma de los conflictos armados de los años ochenta y noventa.Los grupos criminales podrían sacar provecho de esta situación para provocar conflictos entre la población rural, el gobierno y las fuerzas armadas,” dice el ex zar peruano de lucha contra el narcotráfico, Ricardo Soberón. Colombia también continúa dependiendo de la erradicación forzosa, lo cual incluye fumigaciones aéreas perjudiciales que resultan en elevados daños a los seres humanos, conflictos continuados y un impacto medioambiental negativo. Si bien Colombia erradica forzosamente un promedio superior a 100,000 hectáreas al año, sus cultivos de coca siguen siendo el doble que los de Bolivia.
Un incremento en los derechos ciudadanos de los cocaleros de Bolivia incentivó una aceptación sin precedentes de la fuerza policial de lucha contra las drogas (UMOPAR), que antes era odiada. “Ahora, los militares, UMOPAR, y el gobierno trabajan junto con los sindicatos y tenemos buena coordinación.Las masacres y la tortura llegaron a su fin,” dice Marcela López, perteneciente a la Federación de Mujeres del Chapare.
Se ha hecho cada vez más difícil hallar lugares para procesar pasta base de cocaína, porque los cocaleros temen perder sus catos si se descubren operaciones de fabricación de pasta en sus terrenos. El control social comunitario “ha sido malo para el negocio de la cocaína,” dice el ex director de la fuerza policial de lucha contra el narcotráfico, Gonzalo Quezada. “Los mismos cocaleros denuncian a los traficantes, algo que nunca antes hacían.”
Brasil, ahora el segundo consumidor más grande de pasta base y cocaína en el mundo, compra casi 80% de la producción de Bolivia.La frontera de 3,200 kilómetros, que cruza la jungla tropical y páramos aislados hacen que sea casi imposible de controlar. Sin embargo, en noviembre de 2012, los gobiernos de Bolivia, Brasil y Perú formaron un grupo de trabajo para sistematizar los esfuerzos de control y encarar el problema del transporte aéreo de drogas entre sus países.
El gobierno de Bolivia y los cocaleros participantes consideran que es cuestión de orgullo nacional ser partícipes internacionales responsables en los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico. “Este gobierno ayudó a hacernos dar cuenta de que ya no podías cultivar más coca, no sólo porque es ilegal, sino porque daría a nuestro país una mala imagen internacional,” declara Juan Mamani, cocalero de Los Yungas.
Dada la historia de debilidades burocráticas en Bolivia, los resultados del control social son impresionantes. Enfrentados a un importante vació de financiamiento en 2013 y 2014, la persistencia del concepto refleja la fortaleza organizacional, la confianza y lealtad de los cocaleros. El líder sindical de Los Yungas, Elías Cruz, insiste que incluso un año luego de que el financiamiento se detuviera, “el control social sigue vigente, no como una institución sino dentro de la consciencia de los productores.”
El control social del cultivo de la coca, a pesar de todas sus inevitables limitaciones, ha demostrado ser más efectivo y eficiente en términos de costo que la erradicación forzada y representa una iniciativa local soberana apropiada para su contexto. Al permitir que los campesinos cultiven una pequeña cantidad del producto del que dependen económicamente para sobrevivir, en combinación con el monitoreo participativo, una mejora en los servicios gubernamentales, iniciativas de desarrollo económico y una reducción en la represión violenta, los campesinos se hallan en una mejor posición para diversificar su base productiva y limitar su dependencia de un cultivo ilícito. “Los resultados de una política tan innovadora como ésta no serán inmediatos,” argumenta el ex Defensor de los Derechos Humanos del Chapare, Godofredo Reinicke.“Habrá éxitos y fracasos, altos y bajos, pero el control social del cultivo de la hoja de coca requiere que se le dé el tiempo suficiente para ver si tiene sentido como un enfoque sostenible para la reducción de la violencia relacionada al narcotráfico.”
Linda Farthing es co- autora con Ben Kohl de tres libros acerca de Bolivia, el más reciente de los cuales es Evo’s Bolivia Continuity and Change (Texas 2014), y una fundadora de Red Andina de Información.Kathryn Ledebur es la directora de Red Andina de Información
Nota: Este artículo forma parte del actual número de NACLA (Reimaginando la Política de Lucha contra el Narcotráfico en las Américas). Si usted desea reproducir este artículo de alguna forma, deberá obtener los permisos apropiados de NACLA. Por favor, visite https://nacla.org/contactus