Author: Thomas Grisaffi para Red Andina de Información.

Este artículo presenta un resumen de la política de control de la coca en Bolivia. Dos décadas de erradicación forzosa fracasaron rotundamente, generando pobreza y gruesas violaciones a los derechos humanos sin que cumplieran su objetivo: reducir los cultivos de coca. En 2004 el gobierno Boliviano otorgó derechos para cultivar un cato de coca (1600 metros cuadrados) a cada una de las familias cocaleras registradas en Chapare (una de las dos regiones más importantes de cultivo de coca en Bolivia). Los responsables políticos y los cocaleros acordaron conjuntamente el tamaño de la parcela de coca en un esfuerzo por proveer a cada familia con el equivalente de un salario mínimo como ingreso proveniente de la coca y para reducir la violencia. La administración de Morales ha continuado con esta política y en los últimos seis años uniones de productores cocaleros, funcionarios y miembros de la comunidad internacional han construido un complejo y sustentable sistema de monitoreo, licenciamiento y reducción de la coca. Sobre la base de 30 meses de trabajo etnográfico este artículo describe la nueva aproximación de Bolivia al control de la coca. Evalúa la efectividad del programa como también los importantes desafíos a su implementación. Se argumenta que, al concentrarse en el bienestar social, los derechos humanos y la estabilidad económica de las familias cocaleras la aproximación colaborativa de Bolivia puede ser mucho más efectiva reduciendo la superficie de cultivo de coca en el largo plazo que las estrategias anteriores de erradicación forzada.

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