INTRODUCCIÓN
En todo el mundo, la falta de oportunidades, marginalización y desatención por parte del Estado caracterizan a la producción de cultivos empleados para la producción de drogas. Aunque estos temas se encuentran en el núcleo de políticas para el desarrollo económico y social, estos cultivos son conceptualizados principalmente como un asunto de delincuencia y seguridad (Alimi, 2019: 39). Bajo intensa presión del gobierno de los EE.UU. durante los últimos 40 años, este enfoque ha conllevado al establecimiento de políticas en la región andina que priorizan la
erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, la principal materia prima empleada para producir clorhidrato de cocaína. Ello ha debilitado las economías locales, criminalizado a agricultores pobres y provocado violaciones a los derechos humanos mediante la legitimación del control militarizado sobre los cultivos y las drogas (Youngers y Rosin, 2005a).

Los principales países productores de hoja de coca son Colombia (de lejos, el mayor de ellos), seguido por el Perú y finalmente Bolivia, en un distante tercer lugar (UNODC, 2018a; 2019a, b).