5 de abril de 2021, Miami – Hoy, un juez federal rechazó un intento del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y del exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, de anular una indemnización por daños y perjuicios de $10 millones en su contra por la masacre de personas indígenas que no portaban armas que tuvo lugar en 2003. Un jurado halló responsables a los ex funcionarios en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) en abril de 2018, después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones por parte del jurado. El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un exjefe de estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos. En una acción insólita, un mes después, el tribunal de primera instancia (también llamado “el tribunal de distrito”) emitió un fallo que anuló el veredicto del jurado y emitió su propia sentencia declarando que, por no haber suficientes pruebas, los acusados no eran responsables. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos anuló el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso al mismo tribunal de distrito para que continuara con los procedimientos. Los acusados presentaron una segunda moción para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños. Hoy, el tribunal de primera instancia rechazó esa solicitud.
“Esta noticia me trae tanta felicidad”, dijo Hernán Apaza, cuya hermana Roxana fue asesinada por soldados bolivianos en 2003. “Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”.
En septiembre y octubre de 2003, actuando bajo la autoridad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, las fuerzas armadas bolivianas asesinaron a 58 de sus propios ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la “Guerra del gas”. Entre los muertos había una niña de ocho años, una mujer embarazada (cuyo feto también murió) y personas mayores. Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos, donde viven desde entonces. Los ex comandantes militares y funcionarios del gobierno que actuaron bajo la autoridad de los dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2011 por su papel en los asesinatos. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron imputados en la misma causa, pero no pudieron ser procesados penalmente, pues no son posibles los juicios penales en ausencia de acuerdo a la ley boliviana.
El tribunal de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos iba armado ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados. A muchos les dispararon mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. A otros les dispararon mientras se escondían o huían”. El tribunal de apelaciones anuló el fallo del tribunal de primera instancia, también conocido como tribunal de distrito, y remitió el caso al tribunal de distrito para que éste decida si el veredicto del jurado debe restablecerse, esta vez utilizando el estándar correcto.
Hoy, el tribunal de distrito falló a favor de los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre, restableciendo el veredicto del jurado de $ 10 millones. El tribunal sostuvo que los demandantes habían presentado pruebas suficientes de que las muertes constituían “ejecuciones extrajudiciales” según el derecho internacional y que los acusados eran responsables de esas muertes según la doctrina de responsabilidad del mando. El tribunal de apelaciones también habría ordenado un nuevo juicio con relación a los alegatos de homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir cierta evidencia que le era favorable a los demandados. El juicio sobre los alegatos de homicidio culposo está pendiente.
“La decisión de hoy envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas”, dijo Thomas Becker, un abogado de la Red Universitaria Para Los Derechos Humanos. “Esta es una victoria, no solo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”.
El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre, entre ellos Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue asesinada frente a su madre cuando recibió un disparo a través de su ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, fue asesinada después de que recibiera un balazo que atravesó la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años, fue asesinado a tiros junto a una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.
“Nos complace enormemente que nuestros demandantes, que han trabajado tan duro durante tantos años, hayan obtenido esta importante Victoria”, dijo Beth Stephens, una abogada cooperante del Centro de Derechos Constitucionales.
En el juicio de tres semanas en 2018, un exsoldado del ejército boliviano testificó que se le ordenó disparar contra “cualquier cosa que se mueva” en una comunidad civil. Otro fue testigo de cómo un oficial militar mataba a un soldado por negarse a seguir las órdenes de disparar contra civiles desarmados. Los testigos también relataron que los tanques rodaban por las calles y los soldados disparaban durante horas, incluso contra hogares y contra civiles desarmados que huían. Fue el mes más mortífero en Bolivia desde que el país se convirtió en una democracia hace 40 años.
El caso Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fue presentado en 2007 en el marco de la ley TVPA, que permite que se obtenga compensación por daños por ejecuciones extrajudiciales en los tribunales federales de los Estados Unidos. El caso alega que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron los asesinatos. Los familiares están representados por un equipo de abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y los bufetes de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, y Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP.
Para obtener más información, visite la página del caso del Centro de Derechos Constitucionales.
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