Con este informe, el organismo internacional pidió a Bolivia que investigue las violaciones cometidas por el gobierno de facto. Estos crímenes permanecen impunes hasta el día de hoy.
El 10 de agosto de 2020, las organizaciones abajo firmantes presentamos a la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU una denuncia completa sobre las masacres de Sacaba y Senkata. La presentación de datos, testimonios y otros tipos de evidencia incluye una descripción de los antecedentes de los hechos ocurridos en Cochabamba y en El Alto y de la conducta de las autoridades policiales, políticas y judiciales en los días y meses posteriores. Esta denuncia se sumó a otras realizadas sobre las violaciones ocurridas en este periodo y que permanecieron, en su mayoría, confidenciales, conforme a la práctica que adoptan las relatorías para proteger a víctimas y testigos.
Tres meses y medio después de nuestro envío, un conjunto de varias relatorías de la ONU instó al Estado boliviano a tomar acción porque “existe un asunto que justifica una atención inmediata”. Invitaron al Estado a adoptar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a tomar “las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan”.
Hoy hacemos pública la denuncia enviada a la ONU para llamar la atención al Estado boliviano y a los mecanismos encargados de llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia.
Las masacres de Senkata y Sacaba
En los días después de la renuncia forzada del presidente Evo Morales, dos protestas fueron brutalmente reprimidas por el gobierno no electo y de escasa legitimidad social, encabezado por Jeanine Áñez y apoyado por grupos políticos y religiosos conservadores. La primera en Sacaba, Cochabamba; la segunda en la ciudad de El Alto, La Paz. En ambos casos, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y terceros, dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas.
Hace cinco meses que la ONU condenó las masacres ocurridas en noviembre 2019 y pidió inmediata acción al Estado boliviano. Aun así, y a pesar del retorno de un gobierno democráticamente electo en el 2020, no hay avances. Por este motivo, decidimos hacer pública esta denuncia, con la autorización de algunas víctimas y testigos, y protegiendo la identidad de otres. Nos motivan la enorme cantidad de injusticias que persisten del gobierno de Jeanine Áñez, como las detenciones arbitrarias cuya efectividad continua y el escaso progreso en la obtención de verdad, justicia y reparaciones para las víctimas, un derecho de toda la sociedad boliviana.
Asociación Pro Derechos Humanos, Bolivia
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), Suiza
Andean Information Network (AIN), Bolivia
Red Universitaria de Derechos Humanos, Estados Unidos
Foto de Abad Miranda