2 de septiembre de 2022  Kathryn Ledebur & Erika Weinthal

La próxima 27ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de la UNFCCC en Egipto en noviembre de 2022 trae consigo la hora de la verdad para muchas naciones, quienes deben intensificar los esfuerzos de descarbonización para cumplir con su parte de los compromisos globales acordados en la COP de Paris. Sin embargo, los desafíos ya relevantes también se han intensificado. Las interrupciones de los flujos de petróleo y gas causadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia están ralentizando la transición mundial hacia la energía verde, al menos a corto plazo. La profundidad de la crisis refleja que los países incluso se están esforzando por mantener en funcionamiento las centrales eléctricas de carbón.

En este entorno, la aprobación de una ley histórica para la Reducción de la Inflación en los Estados Unidos, para abordar el cambio climático y estimular las inversiones en tecnologías limpias es un avance positivo. Aun así, la implementación de la nueva ley requerirá que EE. UU. cree alianzas más profundas con países que poseen los recursos minerales estratégicos necesarios para impulsar una transición hacia la energía verde.

Aquí es donde entra el litio. El litio es fundamental para la descarbonización del mundo y la expansión de los sistemas de energía limpia. Según la Agencia Internacional de la Energía, para cumplir los objetivos acordados en París, las tecnologías de energía limpia requerirán un 90 por ciento más de litio en las próximas dos décadas. Por ejemplo, los fabricantes requieren baterías de litio para reemplazar los automóviles a gasolina con vehículos eléctricos y así realizar una contribución clave para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el litio, el cobalto y otros minerales estratégicos se encuentran únicamente en un pequeño número de países. Aproximadamente el 56 por ciento de los depósitos mundiales de litio existen en las salmueras de Argentina, Bolivia y Chile, a menudo denominadas el Triángulo del Litio. Entonces, ¿cómo administrarán estas naciones este recurso cada vez más esencial? Vale la pena examinar de cerca el camino eligido por Bolivia.

Bolivia en el Triángulo

Chile ha extraído y procesado litio desde la década de 1980. Argentina lo ha hecho desde la década de 1990. Pero ambos países deben exportar el extracto crudo a las naciones del norte para su refinamiento y no han desarrollado la tecnología requerida para producir baterías de litio. Asimismo, a pesar de décadas de actividad, los niveles de extracción en ambas naciones siguen siendo bajos, mientras Chile generó 26,000 toneladas métricas de litio en 2021, Argentina solo generó 6,200 toneladas.

El Estado Plurinacional de Bolivia está posicionado para jugar un papel importante en impulsar la transición energética global. Bolivia posee los yacimientos de litio más grandes del mundo, ubicados en el altiplano andino y conocidos como el Salar de Uyuni. El litio se descubrió en Bolivia en 1976, y la exploración temprana comenzó en 2008 durante el gobierno del presidente Evo Morales, bajo la dirección de la empresa minera estatal, COMIBOL. Desde 2017, la extracción de litio es administrada por la agencia estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

“Sabemos que la implementación de nuestra industria del litio es urgente, más aun considerando la guerra en Europa,” explicó el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Franklin Molina.  “Esperamos lograrlo en el corto plazo, pero debemos asegurarnos de que el procesamiento del litio se lleve a cabo de manera responsable en Bolivia, desde la extracción hasta la producción de cátodos de batería, para que los recursos beneficien a nuestros ciudadanos.”

¿Extracción más verde?

Existen múltiples desafíos socioeconómicos y ambientales en la extracción y el procesamiento del litio. La extracción de litio puede requerir alrededor de 2 millones de litros de agua por tonelada, lo que limita el agua para otros usos económicos, incluida la agricultura.

En noviembre de 2021, Jewellord Nem Singh, en una publicación en el New Security Beat, subrayó los desafíos de asegurar el acceso a los minerales para la transición verde. La extracción de materias primas críticas de los países productores tiene el potencial de exacerbar las desigualdades existentes entre los países ricos en recursos (en desarrollo) y los países consumidores (desarrollados), especialmente si los países consumidores continúan subcontratando sus costos ambientales y sociales a las naciones productoras. De hecho, a medida que los mayores emisores de gases de efecto invernadero avanzan hacia la descarbonización, una transición verde exige un nuevo plan para extraer minerales críticos que respete los derechos de las comunidades en los países productores de recursos.

El potencial de complicaciones  ya es evidente. Chile y Argentina consideran al litio un recurso estratégico y han abierto sus puertas a  con empresas privadas. Pero la extracción de litio en ambos países ha carecido de fuertes salvaguardas ambientales, lo cual tiene el potencial de dañar el suelo circundante y causar contaminación del aire. Muchas de las comunidades indígenas de Chile en las zonas mineras de litio se han visto obligadas a migrar. El agua privatizada en ambos países ha eliminado cualquier necesidad de consulta previa con las comunidades y otras partes interesadas.

Bolivia es el único país del “triángulo del litio” con legislación vigente para alcanzar la meta de un proceso de extracción más verde y más justo. La exploración comenzó en 2008 con la instalación de una planta piloto en funcionamiento, utilizando una técnica de evaporación de conservación de agua, según Luis Alberto Echazú, quien encabezó la iniciativa del gobierno.

Un año después, los ciudadanos bolivianos ratificaron una nueva constitución que reelaboró el pacto del Estado con sus ciudadanos sobre los temas del agua. Ésta incluye el derecho a la consulta previa para proyectos que afectan a las comunidades indígenas y sus territorios, identifica el agua como un derecho humano básico y establece el derecho de los ciudadanos a la supervisión básica de las iniciativas gubernamentales. La ley boliviana también exige que los ingresos estatales provenientes de los recursos naturales se inviertan en programas sociales, educación, desarrollo integral y pueblos indígenas.

La nueva constitución también ha reforzado los requisitos preexistentes para las evaluaciones de impacto ambiental socioeconómico. La “Ley de la Madre Tierra” de Bolivia de 2012 creó regulamentos adicionales, incluido un requisito para prevenir y reparar la degradación ambiental y la justicia climática. (También convirtió en ley nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Han existido fallas significativas en la implementación de estas leyes bolivianas, pero ahora hay un marco legal sólido y garantías constitucionales que brindan una base crucial para la protección ambiental y los derechos indígenas. Esto incluye garantizar que las comunidades, la sociedad civil y los expertos supervisen de cerca su aplicación.

Colaboración y conflicto

Bolivia permitió la entrada de actores externos al sector de la extracción. Pero llevó a cabo un riguroso proceso de licitación, que cumplió con las pautas de Salud y Seguridad Ambiental de la IFC del Banco Mundial Internacional, así como con la ley boliviana. Una empresa alemana, ACI Systems, ganó la licitación en 2018. Sin embargo, el golpe político de 2019 en Bolivia interrumpió la estrategia del litio del gobierno, lo que obligó al estado a cancelar el contrato con ACI. El gobierno interino auto-nombrado mantuvo paralizado el proceso.

Algunos exfuncionarios del gobierno y analistas políticos atribuyeron el golpe a un intento de vender las reservas de litio del país. Tales temores se vieron exacerbados por el tuit de julio de 2020 de Elon Musk: “Daremos un golpe de estado a quien queramos; lidien con eso.”

Pero los bolivianos eligieron democráticamente un nuevo gobierno bajo Luis Arce en octubre de 2020. El gobierno actual una vez más ha indentificado la extracción de litio como una prioridad nacional, al tiempo que busca garantizar que la extracción de litio no siga el camino histórico de la nación (y el de otras economías extractivas) de depender de la exportación de recursos de alto valor como materia prima para los mercados extranjeros.

Bolivia se encuentra ahora en la última etapa de finalización de estudios piloto y negociaciones con seis empresas internacionales (una empresa estadounidense y una empresa rusa, así como cuatro empresas chinas) para trabajar con el estado en la extracción de litio. Estas propuestas avanzan en línea con los principios delineados bajo los programas “Bien Vivir” y “Derechos de la Madre Tierra” de Bolivia.

Entre los objetivos clave de Bolivia está reforzar sus propias capacidades de procesamiento para crear oportunidades para construir baterías y desarrollar toda la cadena de valor internamente. El éxito disminuiría su dependencia de la exploración y exportación de gas natural, que impulsaron en gran medida los programas sociales y la infraestructura de la nación durante los tres mandatos presidenciales de Morales. En particular, descrito como la “búsqueda poco probable para construir vehículos eléctricos“, la startup boliviana Quantum Motors introdujo pequeños vehículos eléctricos en Bolivia en 2019, ahora alimentados con baterías de litio de producción nacional y también produce baterías para laptops y bicicletas de fabricación boliviana en una planta piloto.

Bolivia también está forjando alianzas con estados ricos en hidrocarburos como México y socios regionales como Argentina para ir más allá de los combustibles fósiles y cooperar de formas innovadoras más allá de la explotación de litio. Sobre la base del interés declarado de Bolivia en desarrollar toda la cadena de valor, su gobierno y México anunciaron conjuntamente que sus empresas estatales cooperarán en la fabricación de baterías de litio y la compra y exportación de vehículos eléctricos, incluido el automóvil eléctrico boliviano Quantum. De igual manera, en julio de 2022, los gobiernos de Bolivia y Argentina firmaron un acuerdo de colaboración para intercambiar tecnología para la producción de baterías de litio. El estado también ha iniciado el proceso de consulta a las comunidades en áreas destinadas a actividades de extracción.

Avanzando

Persisten múltiples desafíos para que la industria del litio de Bolivia alcance pleno vuelo. Aún queda por trabajar la formulación de contratos que respeten las restricciones legales que impiden la extracción de recursos nacionales por parte del sector privado, así como la creación de mecanismos concretos de supervisión para las empresas privadas. Esta supervisión se basará en el marco legal existente, así como en la capacidad para extraer y procesar de manera segura cantidades significativas de litio de la salmuera con tecnologías comprobadas. Los altos costos de inversión inicial y la producción limitada en la extracción boliviana también continúan produciendo retrasos.

Sin embargo, el modelo boliviano está ganando terreno. En un referéndum de 2020, el 78 por ciento de los chilenos optó por cambiar la constitución del país, que se originó durante la brutal dictadura de Pinochet. Sin embargo, el 4 de septiembre, los chilenos votaron en contra de un proyecto de constitución que reflejaba conceptos bolivianos clave, como un estado plurinacional y el consentimiento previo para la extracción de recursos nacionales. Los poderes ejecutivo y legislativo del país están negociando actualmente un proceso para reelaborar o reescribir el borrador para la aprobación ciudadana.

A medida que los votantes sudamericanos eligen cada vez más gobiernos de tendencia izquierdista con discursos de soberanía nacional, es crucial que Estados Unidos y otros países reorienten estratégicamente su política exterior y escuchen a los ciudadanos bolivianos y al resto de los legisladores y poblaciones de la región. El resultado podría darle al mundo una mejor oportunidad de lograr una transición verde.

Nota del Editor: La versión original en inglés de este artículo se publicó el 2 de septiembre, antes de la votación del 4 de septiembre en Chile sobre una nueva constitución. El texto de este artículo ha sido actualizado para reflejar el resultado de esa votación.

Kathryn Ledebur es la directora de la Red Andina de Información, en Cochabamba, Bolivia. Se especializa en análisis político, cambio climático, derechos humanos y política de drogas y desarrollo.

Erika Weinthal es profesora de Política Ambiental y Política Pública en la Escuela Nicholas de Medio Ambiente, de la Universidad de Duke. Se especializa en políticas ambientales globales y construcción de paz ambiental con énfasis en agua y energía.

Fuentes: Agencia EFE; Bloomberg News; CLACSO; El País; Foreign Policy; Geoforum; Government of the Plurinational State of Bolivia; Argus; International Energy Agency; Mexico Business News; Ministerio de Desarrollo Productivo, Argentina; NACLA; NRDC; Pagina Siete; Rest Of World; Reuters; Statista; Technology and Culture; Twitter; UNFCCC; Universidad de Chile; U.S. Geological Survey; Wired; Yacimientos de Litio Bolivianos.